Economía

Informe pone la lupa sobre bancos responsables de deuda en Puerto Rico

Alegan la JCF arrastra los pies.

Ante la inacción por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) de revelar los nombres de las entidades responsables de crear y lucrarse de la deuda de Puerto Rico, la cual sobrepasa los $70,000 millones y cuya legalidad ha sido cuestionada, un nuevo informe acentúa el rol de ciertos bancos, suscriptores y los bufetes de abogados involucrados en estas transferencias.

El documento nombra específicamente a las instituciones Barclays, Popular, UBS, Santander, JP Morgan Chase, RBC Capital Markets y Morgan Stanley como los protagonistas de la creación y mercadeo de bonos —que alcanzaron $294 millones— y la consejería al Gobierno de Puerto Rico a emitirlos, a toda vez que recibieron ganancias en el camino.

“En otras palabras: algunas de las corporaciones más ricas del mundo se lucraron significativamente de la emisión de la deuda aparentemente ilegal de Puerto Rico”, asegura el informe publicado por Little Sis – Public Accountability Initiative (PAI), en colaboración con Hedge Clippers.

Según el documento, “los recaudos de varias de las emisiones de bonos se usaron para pagar los cargos por cancelación de los intercambios de activos tóxicos (“swaps”) a algunos de los mismísimos bancos que estaban suscribiendo los bonos”. Como resultado, bancos como Morgan Stanley, UBS y Bank of America registraron ingresos dobles, al cobrar cargos por suscripción y cargos de cancelación de activos. 

En otro ejemplo, el informe presenta el caso de una emisión de bonos del 2014, en la cual Banco Popular y Citi recomendaron al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que no efectuara el acuerdo. No obstante, cuando la entidad pública lo llevó a cabo, Popular fungió como suscriptor y cobró honorarios, contrario a Citi, que no se encontró en la lista de suscriptores.

La información sobre las emisiones y el rol de los bancos cobra relevancia, según PAI y Hedge Clippers, tras la impugnación por parte de la JCF en enero de $6,000 millones de la totalidad de la deuda de la Isla por considerarla ilegal.

Asimismo, surge luego del acuerdo para reestructurar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), aprobado por la jueza Laura Taylor Swain a principios de febrero.

Tres emisiones problemáticas

La JCF catalogó como ilegales dos emisiones de bonos en Puerto Rico de los años 2012, autorizadas por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset, y una del 2014, autorizada por Alejandro García Padilla, desglosadas de la siguiente forma en el informe:

Una emisión de obligaciones generales de $415 millones en marzo de 2012 

  • Cantidad principal emitida: $415,270,000
  • Tasas de suscripción: $3,526,954
  • Suscriptor principal: UBS
  • Otros suscriptores: Bank of America Merrill Lynch, Popular, Santander, Barclays, BBVAPR MSD, Citigroup, Firstbank PR Securities, Oriental Financial Services, Ramirez & Co., Raymond James, Scotia MSD
  • Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
  • Asesoría de los suscriptores y asesor especial sobre impuestos de Puerto Rico: O’Neill & Borges 
  • Uso de los recaudos: Los recaudos de los bonos se usaron primordialmente para repagar una línea de crédito del BGF y reembolsar bonos de obligaciones generales por pagar.

Una emisión de obligaciones generales de $2.3 mil millones en abril de 2012

  • Cantidad principal emitida: $2,318,190,000
  • Tasas de suscripción y de cargos por cancelación de intercambios: $163,097,466
  • Suscriptores principales: Barclays y JPMorgan Chase
  • Otros suscriptores: Goldman Sachs, Jefferies, BMO Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Ramirez & Co., Raymond James, RBC Capital Markets, UBS, Wells Fargo, BBVAPR MSD, FirstBank PR Securities, Oriental Financial Services, Santander, Popular, Scotia MSD, VAB Financial
  • Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
  • Asesoría de los suscriptores: O’Neill & Borges 
  • Uso de los recaudos: Los recaudos de los bonos se usaron para repagar líneas de crédito del BGF, reembolsar bonos de obligaciones generales por pagar, pagar por adelantado los intereses de los bonos hasta el 2015 y pagar las penalidades de salida de las tasas de interés por los acuerdos de intercambio.

Una emisión de obligaciones generales de $3.5 mil millones en marzo de 2014

  • Cantidad principal emitida: $3,500,000,000
  • Cargos por suscripción: $36,821,531
  • Cargos por cancelación de intercambios: $90,417,100 
  • Repago de los bonos previos a la emisión de COFINA: $342,365,760 
  • Principales suscriptores: Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets
  • Otros suscriptores: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Ramirez & Co., Firstbank PR Securities, Jefferies, Mesirow Financial, Oriental Financial Services, Popular, Santander, UBS
  • Asesoría sobre los bonos: Greenberg Traurig
  • Asesoría sobre la divulgación: Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC
  • Asesoría de los suscriptores: O’Neill & Borges y Sidley Austin
  • Uso de los recaudos: Para repagar las líneas de crédito del BGF, refinanciar los bonos reembolsados, reembolsar los BAN de COFINA, pagar las penalidades de cancelación de los acuerdos de intercambio y pagar los intereses por los bonos por adelantado ($422 millones de los recaudos se usaron para este fin).

Además de los bancos, el informe enfatiza que los abogados también han guisado de la deuda, puesto que los bufetes Greenberg Traurig y O’Neill & Borges recibieron dinero de estas partidas por concepto de sus honorarios.

Greenberg Traurig, según la reseña, fungió como consejero de bonos en las tres emisiones detalladas arriba, así como de otras nueve emisiones que en conjunto suman $9,000 millones, empero, se desconoce los ingresos de la firma de abogados.

Además de eso, Greenberg Traurig mantiene lazos con la reestructuración de la deuda mediante sus contrataciones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por un total de $3 millones por un año, la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Autoridad de Energía Eléctrica. Las contrataciones datan del 2017 y algunas fueron renovadas hasta junio de 2019.

Por otra parte, de O’Neill & Borges se resalta que ha sido la firma de abogados principal de la JCF desde el 2016, que ha laborado como consejera de quienes llevaron a cabo las transacciones y que cuenta con la participación de Pedro Pierluisi, quien fue comisionado residente en Washington y es cuñado del presidente de la entidad financiera, José Carrión III.

La JCF arrastra los pies

Las entidades coautoras del informe subrayan que la JCF tiene el poder y la responsabilidad de desenmascarar a los protagonistas de la deuda de Puerto Rico y someter una reclamación ante la corte, no obstante, ha arrastrado los pies.

La fecha límite para la radicación contra instituciones privadas que se alega incurrieron en una práctica ilegal, fraudulenta o negligente en relación a la deuda de más de $70,000 millones de Puerto Rico es el 9 de mayo de 2019, término impuesto por la jueza Swain, quien supervisa el caso de Título III de Puerto Rico.

“La Junta de Control Fiscal está de acuerdo con nosotros en que una gran parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal. Ahora es tiempo de que actúen. Con este informe tienen más que suficiente evidencia para iniciar acciones legales contra las entidades financieras responsables de emitir y beneficiarse de la deuda ilegal. El proceso de reestructuración de la deuda ha sido problemático desde el principio al excluir al pueblo de Puerto Rico. Ahora, también están fallando al no hacer a los bancos responsables de sus acciones ilegales”, expresó Abner Denis, analista de investigación de Puerto Rico del PAI y coautor del informe.

Ante la posible inacción y la proximidad de la fecha, hicieron un llamado a que el público presione a la JCF para que ejerza dicha labor.

Por su parte, Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, instó a que se desenmascaren los responsables y se abra el paso a una auditoría completa de la deuda.

“Desde el comienzo pedimos una auditoría de la deuda que evaluara no sólo la legalidad de esta deuda que nos imputan. Queremos también que todos los culpables, incluyendo bancos, casas de corretaje, firmas de contabilidad y bufetes de abogados que promovieron y se enriquecieron con la creación de toda esta deuda, respondan legalmente por su errores. Por eso no solo reclamamos la cancelación de estos seis billones de deuda inconstitucional, también exigimos que los culpables, respondan al país y devuelvan todo los millones que ganaron por estas deudas ilegales. Basta de impunidad. Ahora le toca a la Junta de Control Fiscal cumplir con su deber y reclamarle a todos los responsables de esta deuda”, exclamó Prados.

De acuerdo al informe, los procedimientos judiciales restantes ante la jueza Swain van a determinar cuánto dinero restará para Puerto Rico y cuánto será destinado a Wall-Street.

Según el documento, “mientras más dinero se use para pagar la deuda, menos dinero habrá para los servicios esenciales para la población. En este caso, en cambio, la conexión entre la reestructuración de la deuda y el presupuesto para estos servicios será más cercana que el acuerdo de COFINA reciente, ya que el Fondo General, del cual sale el dinero para la educación, la salud y la vivienda, está en la mesa de negociación”.

El informe forma parte de la campaña llamada “Construyamos otro Acuerdo”, que busca organizar a comunidades puertorriqueñas en torno a una justa recuperación para la Isla a través de un proceso de reestructuración de deuda liderado democráticamente.

Mira el informe aquí:


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