Economía

Juego de papa caliente engorda carteras pero no resuelve reclamaciones de seguros

A la vez que se queja de que las aseguradoras todavía no le han pagado reclamaciones a dos años de los estragos del huracán María, decenas de agencias, municipios y corporaciones públicas decidieron alterar el curso normal en la industria de seguros para embarcarse en un proceso que añade capas de jugadores y encarece el costo de las reclamaciones sin que estas se resuelvan.

Existen tres figuras vinculadas al proceso de hacer las reclamaciones a las aseguradoras privadas: El productor de seguros (agente o broker como se les conoce), el ajustador público y los bufetes de abogados especializados en reclamaciones.

En el caso de los daños ocasionados por María, estas se han convertido en una especie de capas de grasa que han aumentado los gastos, han duplicado esfuerzos y a dos años del huracán no hay resultados tangibles en el desembolso del dinero que se supone reciba el Gobierno de las pólizas que anualmente paga cada agencia, corporación y municipio.

Según varias fuentes vinculadas a la industria de seguros, el retraso se debe a que la mayoría de las agencias y municipios optaron por contratar empresas de ajustadores públicos para canalizar las reclamaciones a las aseguradoras, en lugar de utilizar a sus productores de seguros que son los que tienen la responsabilidad principal de hacer las reclamaciones directamente con cada aseguradora, sin cobrar un centavo adicional al que se le había pagado al momento de comprar la póliza.

Es decir, en lugar de poner a trabajar a los productores, a los que ya el Gobierno les paga para que los represente ante la aseguradora, se decidió contratar firmas de ajustadores públicos a los cuales las agencias y municipios tienen que pagarle una comisión que ronda en un 10% del dinero que la aseguradora pague para la reparación de los parques, edificios, carreteras, centros comunales, entre otras estructuras públicas afectadas por el huracán.

Anualmente, todas las agencias, corporaciones y municipios aseguran las propiedades públicas a través de sus agentes de seguros, conocidos como productores de seguros, a los que se les paga mediante una comisión de hasta un máximo de 7.5% del costo de la póliza.

Para Roberto López, vicepresidente de Antilles Insurance, lo ideal hubiera sido que tras el paso del huracán María, las agencias hubieran activado a sus productores o agentes de seguros para que le asistieran en sus reclamaciones de daños porque es parte de las responsabilidades del contrato por el cual ya se le había pagado.

Explicó que entre los deberes del productor o agentes se encuentra representar al Gobierno en cualquier trámite de reclamación. Según dispone el Código de Seguros, los productores representan a los clientes o asegurados (la entidad gubernamental) y no a las aseguradoras.

“El deber del productor no acaba cuando vende la póliza. Según lo indica el Código de Seguros, su deber va más allá de la venta de la póliza. El productor tiene que darle servicio a esa cuenta durante el año póliza, no solamente es venderla y entregar y cobrarla; es dar un servicio que incluye el servicio de reclamaciones cuando sea necesario”, sostuvo López.

Insistió que si el gobierno hubiera utilizado al agente o productor de seguros no solo agilizaba la reclamación, por ser el que conoce al dedillo la póliza, sino que además abarataba el proceso porque ya el estado les había pagado para eso.

“¿Qué mejor persona para saber qué incluye y qué no incluye la póliza, si él (el productor) fue el que negoció la cubierta de seguros?... Además, no tendrían que dividir la indemnización con nadie porque ya ese productor cobró una comisión por hacer su trabajo”, indicó el experto.

De acuerdo con el ejecutivo, cuando la agencia o municipio decide contratar a un ajustador público desplaza a un segundo plano al productor de seguros ya que, por ley, la reclamación la maneja el ajustador público. El productor está obligado a colaborar pero ya no será el representante autorizado para negociar con la aseguradora.

Contrario a los productores, a quienes no se les tiene que pagar porque ya cobraron al momento de vender la póliza, los ajustadores cobrarían un 10% del pago que haga la aseguradora, por lo que esencialmente la agencia o municipio recobrará una menor cantidad de dinero para reparar los daños ocasionados por María.

Según las fuentes y según se ha visto en varios casos que se han discutido públicamente, estas compañías han sometido cotizaciones mayores a los daños causados a la propiedad pública, precisamente porque cobran del dinero que logren negociar con la aseguradora.

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“Ese ajustador público cobra de lo que cobre el asegurado. Es decir, el asegurado no va a recibir el 100% de la compensación, porque va a tener que dividir ese dinero por contrato con el ajustador público… Nunca un ajustador público, yo llevo treinta años en esta industria, nunca ha llegado a un estimado de daños menor que el productor”, añadió.

Este retraso de las firmas de ajustadores públicos en lograr acuerdos con las aseguradoras ha provocado que a esta segunda capa en el proceso de reclamaciones, se sume un tercer jugador. Estas son las firmas de abogados locales y/o extranjeros especializados en este tipo de caso, que son contratadas para agilizar el proceso de negociación, ya sea mediante acuerdos extrajudiciales o la radicación de demandas de cobro.

Recientemente municipios como Aguadilla, Moca, Toa Baja, Guayanilla y Canóvanas, entre otros, han optado por radicar pleitos en los tribunales para exigir el pago por los daños ocasionados en propiedad pública que estaba asegurada.

El pequeño detalle es que estas firmas de abogados cobran igualmente comisiones que pueden ir de un 10% al 33% y que terminará pagando el municipio, agencia o corporación del dinero que le pague la aseguradora.

Nuevamente, dinero que debería ser utilizado para la reparación de esas estructuras públicas terminará en manos de firmas privadas por un proceso que se supone resuelva el productor.

Según López, con cada capa se encarece, complica y duplica el proceso lo que retrasa aún más las posibilidades de llegar a acuerdos y recibir el pago por los daños a la propiedad pública.

 “Mientras sigue pasando cada una de estas etapas, productor, ajustador y abogado se dilata más el proceso de cobro… Tanto el ajustador como los bufetes de abogados advienen en conocimiento de las cubiertas y detalles, lo negociado, etc. Es como volver al paso uno nuevamente”, señaló.


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