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Economía

Junta dice no puede controlar que dinero de reconstrucción vaya fuera de PR, en vez de quedarse

Los fondos federales para reconstrucción y recuperación son una parte importante de las proyecciones económicas positivas de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque hay retos para que se puedan aprovechar al máximo.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo no tener herramientas para evitar que, al adjudicar contratos de fondos de recuperación, las agencias lo hagan de una forma que provoque que el dinero se vaya a empresas fuera de la isla, en vez de quedarse en la economía local.

Este elemento, así como la capacidad gerencial de los oficiales del gobierno para tramitar esos fondos y la disponibilidad de materiales y mano de obra para ejecutar los proyectos a tiempo son algunos de los principales signos de interrogación que se discuten poco cuando la clase política habla de las cantidades masivas de dinero que la isla debe recibir para reconstrucción y resiliencia.

Sin embargo, el flujo de ese dinero es uno de los factores que la JSF tomó en cuenta para presentar proyecciones más optimistas en el Plan Fiscal que aprobaron el jueves pasado. Una de los cambios más llamativos en el plan fue que, basado en el flujo de fondos federales, el momento en que el gobierno podría volver a incurrir en un déficit se movió de 2036 a 2048.

El Plan Fiscal aprobado cuenta con una inyección $84,000 millones de distintas fuentes entre 2018 y 2035 que se usaría para ayuda directa a damnificados por huracanes y terremotos, así como reconstrucción. De este total, $47,000 millones vendrían de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), $7,000 millones de aseguradoras y $8,000 millones de otras fuentes federales. Se incluyen también $20,000 millones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (CDBG-DR).

Pero esas cantidades no se quedan completamente en la isla y el propio plan les aplica fórmulas, basadas en experiencias de otras jurisdicciones y desastres pasados. Por ejemplo, el estimado de impacto a la economía local de los fondos que se usan para la reconstrucción de utilidades públicas, como la red eléctrica, es de 15.5%. Hay otra parte de esos fondos, que la Junta no precisa, que se considera impacto en la forma de rendimiento económico a largo plazo que se tiene cuando se renuevan estas facilidades públicas. De los fondos que se usan para reconstrucción de escuelas y propiedades residenciales y comerciales, el estimado de impacto local es 23.5%.

Esto implica que tanto como tres cuartas partes del dinero asignado no necesariamente se queda en la economía local. El Plan Fiscal plantea que hay tres formas en que los fondos de alivio tras desastre impactan la economía: levantan un capital público en la forma de infraestructura, provocan consumo de bienes y servicios directamente en la isla, o financian programas y servicios que se prestan en la isla.

Un análisis del 2018 que hizo el Centro para una Nueva Economía encontró que, a esa fecha, solo el 10% de los fondos posdesastre habían sido asignados a compañías locales y el resto se había adjudicado a empresas de fuera de Puerto Rico.

Según fuentes de NotiCel, al día de hoy la tendencia se mantiene porque cuando las agencias adjudican contratos con estos fondos no están poniendo como condición parámetros claros en cuanto a la contratación de recursos locales. Además, cuando ocurren contrataciones locales, es normal que, por ejemplo, la empresa que tiene el contrato con la agencia del gobierno de Puerto Rico cobre $300 por una posición bajo el contrato, pero realmente la pague solo una tercera parte de eso al profesional local que contrató y el resto se lo quede como costo administrativo, o ganancia.

A preguntas de NotiCel, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que el ente no tiene "influencia o autoridad" sobre los requisitos de contratación local que las agencias ponen en los contratos con fondos federales de reconstrucción y que la dinámica también tiene que ver con las destrezas particulares que se necesiten y si las mismas existen en el mercado laboral local.

También admitió que dos "embudos" que pueden afectar el flujo de fondos es la capacidad gerencial que tengan los funcionarios del gobierno para cumplir con todos los requisitos administrativos necesarios para recibir y tramitar los fondos, así como la falta de mano de obra para trabajos de construcción.

La Junta está atendiendo esto, apuntó, mediante la reforma que empuja para enfocar el servicio público hacia el mérito. En cuanto a la mano de obra, dijo que no es un problema de escasez sino de adiestrar en esas áreas a la parte de la población que está desempleada.

"Esos son dos retos, pero no creo que estemos contra la pared todavía", resumió.

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Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.