Ante señalamientos de la Junta sobre deficiencias en proceso de adjudicación de suplido de gas a New Fortress Energy, la administración actual se lava las manos apuntando a contrato en Autoridad de los Puertos donde comenzó todo.

La Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la empresa Regulatory Compliance Services, Corp. (RCSC) se refugiaron ayer en un acuerdo que la Autoridad de los Puertos (AP) extendió sin competencia a una subsidiaria de New Fortress Energy (NFE) en 2018 para justificar el que en 2025 hayan adjudicado un contrato leonino a esa misma empresa para suplir gas.

Esta transferencia de responsabilidad fue la reacción del gobierno a la carta del miércoles con la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dejó en suspenso la aprobación del contrato de gas por las “preocupaciones profundas” que le generó la forma en que RCSC lo adjudicó y porque resulta en “niveles desproporcionados de riesgo” para los abonados, ya que “favorece desproporcionadamente” a la empresa. El acuerdo sería por 15 años y tiene un valor de $20,000 millones.

La carta de la Junta surgió en un escenario en el que NFE ya aceptó que enfrenta la insolvencia, por lo que depende desesperadamente de los negocios que consiga en Puerto Rico para mantener su viabilidad financiera. El principal oficial ejecutivo de NFE, Wes Edens, reiteradamente ha dicho a sus inversionistas que tienen una posición excelente en la isla y que pueden estar años generando ingresos aquí.

Según la exposición de la Junta en su carta, esa confianza tiene su origen en un contrato de alquiler que la AP extendió en mayo de 2018 a NFEnergía LLC, una subsidiaria de NFE. El entonces director ejecutivo de la AP era Anthony Maceira Zayas, quien firmó el acuerdo sin proceso de competencia apenas semanas después de llegar al cargo.

Con esto, entregó por 20 años el control de los muelles A y B del puerto de Puerto Nuevo (256,554 pies cuadrados) y de la infraestructura que hay allí para recibir y manejar gas licuado a cambio de un canon mensual de $34,277. Si la AP decide desahuciar a su inquilino, tiene que pagarle el valor de la infraestructura enclavada allí o el costo de levantar esa operación en algún otro lugar.

Los poco más de $8.2 millones que NFE pagará a la AP por la vida de ese acuerdo ya le dejaron un contrato de $1,500 millones en 2019 para gasificar las unidades 5 y 6 de San Juan, así como suplir el gas. Para que le adjudicaran ese contrato, presentaron una carta que Maceira Zayas le firmó endosando la propuesta de gasificación, y prometiendo apoyarlos desde la AP si se llevaban el negocio. Ahora, NFE está a punto de usar su control de esos muelles como ventaja para llevarse el acuerdo de 15 años para suplir gas por $20,000 millones.

La clave es que las instalaciones en los muelles A y B son las únicas por donde puede entrar gas en el área norte de Puerto Rico y el acuerdo con la AP es de exclusividad, por lo que cualquier empresa que llegue allí con un barco transportando gas tiene que llegar a un acuerdo con NFE para descargar y distribuir. “La competencia en el mercado ya está limitada porque esta exclusividad evita que suplidores alternos accedan a infraestructura crítica en San Juan, aún si quisieran participar (con una propuesta)”, dijo la Junta al subrayar que ellos no evaluaron el contrato de alquiler.

En sus comparecencias públicas ayer, el zar de Energía y director ejecutivo de la AAPP, Josué Colón Ortiz, arremetió contra la JSF porque supuestamente habían aprobado el mismo acuerdo de alquiler que ahora critican. Pero el récord muestra que lo que la Junta aprobó fue el contrato de $1,500 millones que otorgó el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y ahora miembro del comité de energía de la gobernadora, José Ortiz, y no el contrato de alquiler. “Es una posibilidad expropiar y hacer un lío”, reconoció el funcionario al desaprobar una de las opciones que tiene el gobierno para retomar los muelles.

Por su parte, el presidente de RCSC, el exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares, no abordó las quejas de la Junta sobre cómo corrieron el requerimiento de propuestas (RFP), sino que se justificó indicando que, por la exclusividad de NFE en el muelle de San Juan, no hubo otros licitadores. “Era New Fortress o New Fortress”, afirmó durante una comparecencia en Jugando Pelota Dura. Adelantó también que lo que hicieron ante la carta de la Junta es que se le envió a NFE una versión del contrato que atiende las preocupaciones del ente fiscal, a ver si la empresa lo acepta. “Entiendo yo que estamos en mejor posición de negociar”, comentó.

RCSC es la solución que desarrolló la AAPP para atender con un ente independiente los contratos y proyectos en los que las matrices o filiales de los operadores privados de la red eléctrica, LUMA Energy y Genera PR, podrían querer participar. En este caso, el RFP resultó en 13 empresas interesadas, pero solo dos participantes, NFE y Crowley, quienes no fueron competencia real entre sí porque Crowley solo licitó para suplir en Mayagüez, y se lo llevó, quedándose NFE con el pedazo mayor que representa el resto de la isla.

Las críticas de la JSF van más allá de solo las limitaciones de libre competencia que resultan del contrato de alquiler de los muelles. “El proceso de adjudicación estuvo marcado por enmiendas múltiples que cambiaron requisitos, plazos y salvaguardas financieras”, dijo el ente.

Entre estos: 1) no se incluyeron requisitos que tenía el RFP original para que la compañía se responsabilizara de instalar la infraestructura de gasificación que fuera necesaria para adaptar las unidades, algo en contra de las órdenes del Negociado de Energía (NE), 2) inicialmente se descalificó a NFE por no someter una fianza de licitación, pero entonces RCSC dio un reversazo basándose en un estado de emergencia energética que había declarado la gobernadora, 3) cambiaron el RFP para bajar la fianza de cumplimiento de $100 millones a $10 millones y para permitir propuesta de suplido por 15 años, en vez de por periodos de cinco años, como era originalmente, y 4) el contrato se adjudicó aún cuando quedaban por cumplirse garantías legales y financieras que el mismo comité de evaluación de RCSC había requerido para atender “riesgos operacionales y financieros significativos”.

Además de estos señalamientos, los licitadores perdedores en el proceso separado de contratación de 800 megavatios de generación temporera también impugnaron la forma en que RCSC corrió ese proceso. En tanto, ayer la gobernadora Jenniffer González Colón intentó varias veces separar al gobierno de esa empresa.

“El Contrato Propuesto fue inherentemente el resultado de una negociación directa con NFE, en vez de un proceso competitivo real”, acotó la Junta al indicar que lo mejor hubiera sido emitir un RFP nuevo.

El negocio resultante implica: 1) que la AEE se obliga a pagar por volúmenes incrementales de gas, independiente de si lo consume o no, provocando aumento de costos por combustible a los abonados, 2) atar la isla a una proyección de consumo que no está apoyada por el Plan Fiscal, 3) si NFE no entrega el combustible negociado, solo se responsabiliza por 40% del costo de combustible de reemplazo, pero si la AEE no puede recibir el combustible acordado, lo tiene que pagar todo, 4) se le da exclusividad a NFE para suplir gas a casi todas las unidades presentes o futuras.

Todo esto en un contrato cuyos términos no están claros para los mismos funcionarios de gobierno que tendrían que ejecutarlo, según la JSF.

“Las consecuencias de aceptar dichos términos son contrarias a los esfuerzos más amplios por transicionar la isla a un sistema más sustentable y resiliente, lo que puede hacer más mal que bien. Como mínimo, el Contrato Propuesto requiere un análisis y evaluación transparentes y ponderados”, resumieron.

Vea:

Informe cuestiona contrato que AEE otorgó a New Fortress Energy

Junta critica contrato leonino de 15 años para suplir gas y deja en suspenso la aprobación

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