Economía

Si sometió su reclamación al seguro, todavía tiene tiempo para demandar

Subutilizado el arbitraje del Código de Seguros

A casi dos años del paso del huracán María en Puerto Rico, llueven las quejas por el retraso de los pagos de las aseguradoras por los daños de propiedad cubierta por pólizas privadas de ciudadanos, empresas, agencias y municipios. 

De acuerdo con el licenciado Juan Saavedra Castro, del bufete de abogados especialista en la recuperación de desastres Weisbord Matteis & Copley PLLC, muchos municipios han optado por negociar con las aseguradoras privadas y otros han optado por acudir a los tribunales para reclamar el dinero que le adeudan. 

Aunque las pólizas comerciales establecen un término de caducidad de dos años para demandar a las aseguradoras- que se vence este viernes- la Oficina del Comisionado de Seguros informó que los asegurados podrán acudir a los tribunales contra su aseguradora luego de esa fecha porque el periodo para demandar no vence si ya existe una reclamación.

La ley que se aprobó el pasado año para enmendar el Código de Seguros establece además un recurso parecido al arbitraje o mediación conocido como "appraisal", que muy pocos han utilizado.

El Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, indicó a NotiCel que no pasan de la decena las solicitudes radicadas para iniciar este proceso que otorgó la Ley Núm. 242-2018 que provee al asegurado la alternativa de dilucidar extrajudicialmente controversias con su compañía de seguros sobre la cuantía de los daños o perdida objeto de la reclamación de seguro de propiedad mediante el proceso de “appraisal”. “Eso es una herramienta que antes no tenían y ahora la tienen y no la están utilizando”, afirmó el Comisionado. 

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De igual forma, el Comisionado rechazó que este viernes se venza el término para radicar reclamaciones judiciales contra las aseguradoras. Rivera Ríos sostuvo que la Ley 242 dispone que ese plazo queda interrumpido, si ya existe una reclamación.

Insistió que cualquier persona podrá iniciar una acción contra una aseguradora por haber sufrido daños a consecuencia de distintas violaciones al Código de Seguros, porque se enmendó el Código de Seguros para que expresamente disponga que la reclamación interrumpe cualquier periodo de prescripción de las pólizas. 

Las disposiciones referentes al proceso de “appraisal” aplican a las reclamaciones surgidas por los huracanes Irma y María. Si existen discrepancias en las cotizaciones o se entiende que la cotización es irrazonable, se debe solicitar el proceso para dirimir cuál es la cotización correcta que le corresponde pagar a la aseguradora por los daños.

El “appraisal” no es un proceso administrativo, sino un proceso independiente entre el asegurado y la aseguradora en la que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) sirve de facilitador para que una vez solicitado, ambas partes escojan un tasador que resuelva cuál es el valor real de la pérdida. Estos dos tasadores, junto a la figura de un árbitro, se sientan para lograr un acuerdo en cuanto al valor de la perdida.  “Es un método alterno para solucionar conflictos de valorización de pérdidas. Utiliza un árbitro, un tasador certificado”, explicó el funcionario.

Rivera Ríos sostuvo que el proceso es vinculante, lo que significa que las partes tienen que acogerse a la decisión. Todo asegurado puede solicitarlo. De hecho, según la ley, si una de las partes solicita iniciar el proceso de “appraisal”, la otra parte no se puede negar. Se puede solicitar en línea en la página de la OCS.

Aunque es una herramienta nobel en Puerto Rico, el Comisionado sostuvo que en Estados Unidos ha dado mucho resultado para dirimir las disputas sobre la valorización de las propiedades aseguradas.

La OCS trajo a Puerto Rico recursos de Estados Unidos para adiestrar y certificar cerca de 60 contadores públicos autorizados e ingenieros como árbitros. Una vez se solicita el mecanismo de arbitraje, las partes tienen quince días para escoger el árbitro. Si no se ponen de acuerdo, el Comisionado les asigna uno.

 “En atención a ello, la Oficina del Comisionado de Seguros, mediante la adopción de la carta normativa CN- 2019-248-D, estableció́ las guías a regir en el proceso de “appraisal” y el formulario “Request for Appraisal Proceeding” para la parte interesada hacer la solicitud a la otra parte del inicio del proceso de “appraisal”, ofreciéndole así́ una alternativa extrajudicial a las partes para resolver de manera vinculante la controversia sobre la cuantía de los daños o pérdida objeto de la reclamación de seguro de propiedad, incluyendo las reclamaciones pendientes de resolver por los huracanes Irma y María”, lee la carta circular de la OCS. 

La pasada semana el Municipio de Aguadilla radicó un pleito de clase contra Mapfre Praico Insurance por su retraso en pagar las reclamaciones por daños causados por el ciclón. De acuerdo con el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez Martínez, de $30 millones en pérdidas, la aseguradora ha pagado menos de $3 millones por daños a propiedades aseguradas del ayuntamiento.  Se espera que en los próximos días también demande a la aseguradora el municipio de Guayanilla, mientras que Toa Baja y Moca se unirán al pleito de clase radicado por Méndez Martínez.

En el caso del Gobierno, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea dijo a NotiCel que le corresponde a cada agencia e instrumentalidad manejar sus reclamaciones.

“Sin embargo, tengo entendido que la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, estará recopilando la información de seguros y reclamaciones tras los huracanes, para asegurarse que todas las agencias e instrumentalidades del gobierno estén en cumplimiento con las fechas provistas por el Código de Seguros”, explicó el Secretario.

Parés Alicea señaló que son las agencias, entidades corporativas y municipios las responsables de presentar la reclamación al asegurador pertinente en coordinación con el corredor contratado que tiene a su cargo la agencia entidad corporativa o municipio en ese momento en particular.

Precisamente, en julio, Parés Alicea ordenó un nuevo proceso de contratación de productores de seguros luego de recibir señalamientos sobre el desempeño de ciertos productores y encontrarse con un proceso de selección “demasiado abierto a subjetividad”.

Cuarenta productores de seguros sometieron propuestas para la contratación de los seguros de más de 100 entidades gubernamentales y corporaciones públicas, a partir del primero de noviembre de 2019.

La decisión será tomada por un comité evaluador, que estará compuesto por personal de Seguros Públicos y de Asuntos Legales del DH, la Oficina del Comisionado de Seguros, un representante de AFAAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y un representante de la Junta de Control Fiscal, en carácter de observador.

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Lea la carta de OCS a continuación:


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