El anuncio viene después de esfuerzos de escrutinio sobre la implantación de las leyes de inversión tanto en el Departamento del Tesoro como el Congreso.

El Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés), incluyó a los beneficiarios de decretos contributivos bajo la Ley 22 en una campaña especial de fiscalización para cotejar que no esté ocurriendo evasión ilegal de impuestos federales.

El IRS hizo la designación el 31 de enero y la misma ocurre después de que el año pasado el gobierno federal iniciara acciones de alto perfil en distintos frentes con relación a los beneficiarios de la Ley 20 (que otorga beneficios contributivos a empresas que exportan servicios desde Puerto Rico) y de la Ley 22 (que concede beneficios contributivos a individuos de alto nivel de ingresos que se mudan a Puerto Rico y convierten la isla en su base contributiva).

Las acciones incluyeron informes del Departamento del Tesoro al Congreso así como el arresto del exsocio de BDO Puerto Rico, Gabriel Federico Hernández Colón, por parte de la división de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS-CI, por sus siglas en inglés) y la advertencia de este grupo de que aumentaría sus recursos para fiscalizar asuntos en la Isla como la aplicación de las leyes 20 y 22 y la administración de otros programas del Tesoro, como el Pago de Impacto Económico, los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés) y el Seguro por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

Las funcionarias Deborah Palacheck y Ursula Gee, de la división de Large Business and International (LB&I) del IRS, están a cargo de la campaña de fiscalización que incluye orientación, cartas y “exámenes”. Las tres modalidades que van a estar atendiendo son: reclamar beneficios bajo la Ley 22 sin cumplir con los requisitos de la Sección 937 de IRS, lo cual llevaría a que los contribuyentes excluyan ingresos que deberían incluir en sus planillas federales o dejen de reportar ingresos sujeto a contribución federal, así como individuos que puedan haber cumplido con los requisitos de esa sección, pero pueden estar reportando erróneamente ingresos provenientes de Estados Unidos para evadir contribuciones federales.

La LB&I del IRS se dedica a empresas con activos de más de $10 millones y uno de los mecanismos en sus campañas de fiscalización puede ser abrir amnistías para que los contribuyentes en incumplimiento puedan dar un paso al frente y llegar a un acuerdo con la agencia.

En un comentario sobre estos desarrollos, el bufete especializado Mayer Brown opinó que “el riesgo de auditorías (para los beneficiarios del programa) parece haber aumentado de manera significativa”. Subrayaron también que los congresistas que impulsaron mayor escrutinio a las leyes 20 y 22 de Puerto Rico eran demócratas y ahora tienen mayoría en el Congreso y la presidencia. “Los individuos y negocios de Estados Unidos que operan desde Puerto Rico deben hacer un cotejo de sus responsabilidades de cumplimiento y de sus operaciones para asegurarse que no acaban en el lado equivocado de una auditoría de cumplimiento del IRS”, concluyeron.

Según un informe del Tesoro federal al Congreso a fines del año pasado, en el que enfatizaron que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico no proveyó toda la información solicitada, se precisa que hay 2,331 beneficiarios bajo la Ley 22. Una muestra de 647 de estos contabilizó que habían pagado colectivamente $557,978,112 en impuestos federales en los cinco años anteriores.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó recientemente una demanda de un grupo que representó que aglutinaba a beneficiarios de decretos bajo las leyes 20 y 22 que buscaban evitar que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cumpliera con el mandato del nuevo Código de Incentivos que le dicta publicar el nombre de los beneficiarios.

Vea:

IRS pide cooperación para casos de fraude de PPP, PUA y 20/22

Sin cooperación total de PR, el IRS hace recomendaciones al Congreso sobre leyes 20 y 22