El Departamento del Tesoro federal emitió un informe que concluye que las prácticas anticompetitivas en el mercado laboral le cuestan 20% en salarios a los empleados.

La Administración Biden anunció su agenda en contra de las prácticas anticompetitivas en el mercado con un informe esta semana del Tesoro federal en el que enumera las distintas prácticas a las que recurren los patronos y que se estima que resultan en que el empleado promedio gane entre 15 y 20% menos de lo que debe estar ganando.

Mientras la discusión sobre la reforma laboral en Puerto Rico se concentra en acumulación de licencias por vacaciones o protecciones para los empleados que son despedidos, el informe expone una gama amplia de tácticas a las que recurren los patronos a la hora de contratar y de establecer condiciones de empleo que crean un monopsonio. Este término se refiere a aquellos mercados donde uno, o pocos, participantes controlan las condiciones para el movimiento de bienes y servicios.

«Los problemas que surgen de la falta de competitividad afectan más que solo el bienestar de los trabajadores y sus familias; también impide el avance de toda la economía, contribuyendo a desigualdad de ingresos, desalentando la innovación y atrasando el crecimiento económico», plantea el Tesoro federal a la vez que avala la teoría económica de que la raíz de los problemas de productividad no son los salarios altos porque si los patronos son los que controlan los salarios, nunca van a ser tan altos.

Estas tácticas, que también están presentes en el mercado laboral de la isla, incluyen la transferencia de funciones a empleados por contrato en vez de a empleados regulares, el arbitraje compulsorio, manipulación de la clasificación de los empleados dentro del esquema de las leyes laborales, acuerdos de confidencialidad o de no competencia, falta de transparencia en cuanto al salario y beneficios que tienen otros empelados dentro de un mismo patrono o dentro de una industria y la exigencia excesiva de licencias para poder desempeñar funciones.

Por ejemplo, cuando se transfieren funciones a empleados por contrato, se estima que el salario se reduce de entre 4% a 24%, además de que se transfieren costos que antes eran del patrono y ahora son del empleado, como los seguros médicos y el pago de impuestos laborales. Se evita también que los empleados puedan sindicalizarse y se evade la obligación de pagar por el tiempo extra. Algunos empleos con más incidencia de estos arreglos son guardia de seguridad, conserjes, transportación, preparación de alimentos y telecomunicaciones.

Según el informe, se trata de barreras que obstaculizan la posibilidad que tienen los empleados de moverse en el mercado para mejorar sus condiciones. A su vez, la generalización de estas prácticas produce un mercado de empleos con salarios cada vez más bajos, condiciones de empleo desfavorables y menos beneficios. Las poblaciones particularmente afectadas son las mujeres y los trabajadores de escasos recursos.

«Los trabajadores usualmente se encuentran en desventaja de información con relación a los patronos porque no saben lo que ganan otros trabajadores en posiciones similares, cuál es la compensación competitiva para su función o la existencia de problemas en el empleo como conductas discriminatorias o insalubres. Pueden tener también capacidad limitada, o ninguna capacidad, para cambiarse de localidad y de empleo rápidamente y pueden no tener los recursos financieros para sostenerse mientras buscan empleos que paguen mejor y estén más alineados con sus destrezas y capacidades», describe el informe sobre la fuerza laboral.

De otro lado, sobre los patronos, apunta que «pueden entrar en contubernios tácitos entre sí mediante compartir información de salarios, conspirar para fijar la compensación, adoptar acuerdos para no ‘piratearse’ empleados o forzando a los empleados a firmar acuerdos de no competencia que limitan su capacidad de cambiar de empleo». Sobre el arbitraje, o lo mismo que las disputas patronales se sacan de los tribunales y se trabajan bajo procesos privados ante árbitros, lo cual puede resultar más caro y perjudicial para el empleado, el informe acota que el 56.2% de los empleados no sindicalizados están sujetos a un acuerdo de arbitraje.

Las industrias que provee como ejemplos son la de la salud y hasta la de jugadores de béisbol de ligas de menores, quienes están retando actualmente en los tribunales el control que tiene Major League Baseball sobre su compensación y sus posibilidades de contratación.

El informe anuncia el compromiso de la Administración Biden de combatir «conductas anticompetitivas» mediante el procesamiento «vigoroso» en el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio.

Para ver el informe, pulse aquí.