Después de una confrontación en 2021 que duró cinco meses, la empresa de transportación Luis Ayala Colón y el sindicato ILA Local 1740 tienen otra interrupción de labores que provocó la intervención del tribunal federal.

Después de que en diciembre pasado se fumara la pipa de la paz para terminar con la confrontación que mantuvo paralizado el movimiento de carga en el muelle de San Juan, un juez federal tuvo que emitir una orden para que los trabajos no se afectaran por una nueva pugna entre la empresa Luis Ayala Colón (LAC) & Sucesores y la Local 1740 de la unión International Longshoremen Association (ILA).

La intervención del juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, ocurrió el martes en la tarde después de que LAC pidiera una orden de emergencia el lunes.

Según el documento, el barco Hapag-Lloyd Scorpious llegaría a la isla el lunes a las 8:00 am, para lo cual LAC pidió a la unión a un grupo de trabajadores para descargarlo. La mercancía a bordo incluía explosivos.

LAC solicitó a la unión asignar un grupo de trabajo para atender el movimiento de la carga, lo que ocurrió, pero el barco se atrasó y LAC le pagó a la unión la penalidad que contempla el convenio que rige las relaciones laborales entre ellos. La empresa, que tiene experiencia en manejo de carga desde 1938, pidió que el grupo de trabajo convocado atendiera el barco a la 1:00 pm y convocó dos grupos adicionales para las 2:00 pm porque descargar el barco requeriría 1,200 movimientos de desembarco y porque, al haber material explosivo, se requería que ningún otro grupo de empleados estuviera manejando carga mientras hubiera un grupo descargando los explosivos.

Con tres grupos de obreros, el desembarco tomaría 20 horas, pero con uno solo, tomaría 60 horas, plantea el documento.

La unión, sin embargo, rehusó proveer los dos grupos que empezarían a las 2:00 pm por entender que violentaba la disposición del convenio que dice que la empresa puede asignar varios grupos para atender un solo barco pero la hora de comienzo de los grupos adicionales no puede ser más de cuatro horas después de la hora de comienzo del primer grupo. La Local 1740 planteó que, como la hora más temprana a la que fueron convocados fue a las 8:00 am, la convocatoria de las 2:00 pm se pasaba de tiempo.

Bajo esa interpretación, la unión se negó a permitir el trabajo de los grupos convocados para las 2:00 pm y declaró que los nuevos grupos convocados podían estar disponibles para otro barco, pero no para el Hapag-Lloyd Scorpious.

LAC le argumentó al tribunal que la acción de la Local 1740 no solo violenta directamente una disposición del convenio que prohíbe las huelgas, sino también otra disposición que obliga a que las controversias entre las partes se resuelva en un proceso de arbitraje.

«La entrega de mercancía esencial a supermercados, manufactureros y destinatarios finales se afectaría y atrasaría grandemente por la negativa de la unión para proveer a los obreros convocados, causando consternación, incertidumbre e inestabilidad sobre la disponibilidad de las mercancías en el mercado», argumentó LAC en el escrito.

Después de una vista de emergencia el martes en la tarde, Arias Marxuach emitió la orden que prohíbe a la unión interrumpir o paralizar los trabajos y refirió el asunto al magistrado Bruce McGiverin para la vista en la que se evaluaría si la orden temporera se convierte en una preliminar y posteriormente permanente. La unión se allanó a la solicitud de LAC y este tipo de orden de emergencia tiene vigencia por 14 días.

Las alegaciones de LAC sobre el efecto que la postura de la unión tiene en el flujo de mercancía es un a los cinco meses, entre julio y diciembre de 2021, que duró una confrontación anterior y que provocó la paralización en muelle de miles de vagones, así como que tuvo repercusiones en la industria farmacéutica y en la cadena de suministros internacional.

En esa ocasión, al decir que podía hacer poco porque era una disputa entre dos partes privadas, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia solicitó la intervención de Casa Blanca y la Autoridad de los Puertos sometió una demanda en el Tribunal de Primera Instancia en agosto, la cual nunca emplazó a las partes y que retiraron sin perjuicio en diciembre después de que LAC y la Local 1740 llegaron a acuerdos que permitieron la normalización del movimiento de carga. Al ser sin perjuicio, Puertos podría volver a presentar el pleito.