El regulador del sector energético tomó la decisión para dar espacio a que culmine el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El Negociado de Energía (NE) decidió suspender el proceso de revisión de la tarifa base de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hasta que en el caso de quiebra de esa corporación pública se produzca un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) y se tenga certeza sobre el impacto que pueden tener en la tarifa aspectos como el repago de la deuda y el pago de las pensiones.

Además, el ente regulador consideró que está por abrirse a discusión un nuevo Plan Integrado de Recursos (PIR), lo que también puede afectar la decisión sobre la tarifa. El PIR es el documento que fija la planificación e inversiones a largo plazo en la red eléctrica y la revisión que abrirá el NE en verano supone ser una en la que esa planificación se ajuste más hacia la integración de energía renovable.

Lo que los ciudadanos pagan por el servicio de energía eléctrica se expresa en una sola cantidad mensual, pero realmente está compuesto de varios cobros por distintos conceptos que se unen en la cantidad que se refleja en la factura.

La parte base cuya revisión se acaba de suspender es el elemento más fijo y estable de la tarifa, mientras que el costo por combustible es el elemento que más puede fluctuar. Con el cobro de la parte base de la tarifa se supone que la corporación pública cubra gastos de operación, por eso es que ahí entraría la cantidad que se tenga que repagar a los bonistas por virtud del PAD y lo que se pague por las pensiones. La revisión de esta parte incluye también la distribución que se puede hacer sobre otros elementos de la tarifa, tales como subsidios y otros cargos dictados en ley.

La política pública de la isla es llegar a cubrir el 100% de la demanda energética mediante fuentes renovables para el 2050. Esto, como una medida de bajar costos de combustible y mitigar los distintos factores climatológicos, geopolíticos y comerciales que pueden causar fluctuaciones, principalmente aumentos, en el costo de combustibles fósiles.

Pero, aunque se logre esa meta y los costos de combustible bajen, la parte base sería aquella que no cambiaría y que sería aplicable a todos los abonados.

Otro elemento que impacta los costos fijos, y que está en suspenso, es que la relación del operador de la red eléctrica, LUMA Energy, con el gobierno de Puerto Rico todavía está en una fase preliminar del contrato. Ese acuerdo dispone que LUMA tendría una compensación y unas condiciones de desempeño distintas mientras la AEE siguiera en quiebra y otras después de que la corporación salga del proceso mediante la aprobación de un PAD por el tribunal. De hecho, LUMA no está obligada a seguir con el contrato después de ese evento.

La revisión anterior de la parte base de la tarifa ocurrió en 2018 y, antes de eso, no había ocurrido desde 1989. La revisión actual de la parte base se había iniciado el 30 de junio de 2023.

En su resolución del viernes, el NE ordenó a AEE, Genera PR y LUMA Energy que sigan realizando los trabajos internos necesarios, como recopilación de datos, para estar listos para reiniciar la evaluación de la parte base y anticiparon que esperarían a la decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre el PAD para analizar cuándo reiniciarían el proceso. También, el ente dejó espacio para que LUMA, como representante de la AEE en el proceso, le solicite establecer una tarifa provisional distinta.

«La decisión final (de la jueza Swain) sobre (el PAD) afectará directamente este proceso porque, una vez confirmado, las tarifas eléctricas tendrán que incorporar el Cargo Híbrido (según sea enmendado o modificado), a la vez que se financian los operadores del sistema eléctrico de Puerto Rico, -AEE, LUMA, y Genera-, y las obligaciones de pensiones de la AEE. El Negociado de Energía tendrá que revisar los requerimientos de ingresos incluyendo el Cargo Híbrido y las obligaciones de pensiones, así como el resto de los componentes del requerimiento de ingresos, incluyendo el diseño de la tarifa, como parte del proceso de revisión de la tarifa», dijo el NE para fundamentar su decisión.

Se supone que todo lo que la jueza Swain disponga sobre la distribución de recursos de la AEE en la quiebra esté sujeto a la autoridad legal que tiene el NE para revisar y modificar esas cantidades. Pero la jueza retiene autoridad legal también para emitir órdenes para ejecutar el PAD.