Airbnb, con sede en San Francisco (California, EE.UU.) tiene unos 7.500 trabajadores en todo el mundo, la mayoría de los cuales están en Estados Unidos. EFE/ Rodrigo Sepúlveda/Archivo
La empresa Airbnb lamentó la derrota en el Senado de Puerto Rico del proyecto cameral que buscaba establecer mayores controles y regulaciones al sector de alquileres a corto plazo.
“La derrota del PC.1557 en el Senado representa un golpe para miles de anfitriones boricuas que buscaban cumplir responsablemente con regulaciones a nivel estatal, mientras generan el ingreso extra que necesitan ofreciendo sus espacios como alojamientos suplementales a corto plazo”, sostuvo en declaraciones escritas, Carlos Muñoz, Director de Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para Centroamérica y el Caribe.
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“Es lamentable que en lugar de velar por los intereses de todos los boricuas y promover propuestas que contribuyan a fomentar el crecimiento del turismo puertorriqueño, grupos de interés especial prefirieron hundir un buen proyecto de ley porque no les garantizaba la amplia prohibición del sector de alojamientos suplementarios a corto plazo. Hoy el turismo puertorriqueño perdió”, afirmó.
Muñoz señaló que la derrota de este proyecto deja un vacío reglamentario con grandes consecuencias y enumeró las áreas que se ven impactadas. Indicó que no se establecerá un registro unificado a nivel isla, con más de 20 puntos de información requerida de los anfitriones, que iba a permitir un análisis claro del impacto de los alquileres a corto plazo en la isla; ni se requerirán importantes estándares de operación que buscaban garantizar un mejor producto para los turistas que visitan la isla.
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Añadió que “no se implementarán más de 15 medidas que buscaban promover la sana convivencia entre vecinos y el buen comportamiento por parte de huéspedes y que además los municipios se quedan sin un importante mecanismo para compartir los ingresos del Room Tax y para poder efectivamente fiscalizar el CRIM y las patentes municipales más la recaudación de multas por violaciones de la ley”.
Este vacío reglamentario a nivel estatal, dijo, “generará complejidad e incertidumbre en las operaciones por parte de todos los prestadores de servicio a través de distintas ordenanzas municipales”.
Puerto Rico, “que luego de la pandemia se convirtió en un destino más variado y accesible precisamente por los “short term rentals” ahora se queda sin una reglamentación que bien podía atender preocupaciones válidas tales como la seguridad del producto, las preocupaciones de las comunidades y los intereses de los municipios donde se ubican estos alojamientos”, recalcó.
Concluyó Muñoz que “Puerto Rico ha quedado rezagado en regulaciones turísticas modernas e incluyentes. Airbnb sigue comprometida a colaborar con la elaboración de una regulación uniforme, a nivel isla, con el objetivo de eliminar la ambigüedad y la complejidad que enfrentan actualmente los anfitriones”.
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