Una propuesta de la JSF reducirá el incentivo para que distintas poblaciones se mantengan dentro de la fuerza laboral formal.

La organización Espacios Abiertos (EA) expuso que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) afectará a pensionados, jóvenes y hogares sin dependientes con su propuesta en el plan fiscal más reciente de hacer ajustes al programa del Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

El crédito por trabajo, o EITC, se aprobó para favorecer directamente a familias de bajos y moderados ingresos con el fin de estimular la economía. Está probado que este crédito reduce la pobreza, incentiva el trabajo y aumenta la fuerza laboral formal, afirmó EA en comunicado.

El programa desembolsó $1,303 millones y concedió un crédito promedio de $1,873 a 695,689 familias en el año contributivo 2023. Además, hizo que más de 64,000 familias puertorriqueñas mejoraran su seguridad económica al cruzar el umbral de pobreza federal gracias al estímulo al trabajo. Parte de las poblaciones impactadas y que se afectarían por los ajustes que plantea la Junta incluyen: 86,735 hogares de pensionados que recibieron en promedio $1,208; más 127,399 jóvenes de 19 a 26 años que cobraron en promedio $1,503, y 494,458 hogares de familias sin dependientes que recibieron $1,145 en promedio, según datos oficiales de Hacienda.

Los 10 municipios que podrían afectarse con mayores recortes en el crédito por trabajo, según las sugerencias de la JSF, son: San Juan (hasta $31.9 millones), Bayamón (hasta $20.0 millones), Ponce (hasta $17.6 millones), Carolina (hasta $16.3 millones), Caguas (hasta $13.6 millones), Arecibo (hasta $10.1 millones), Toa Baja (hasta $8.4 millones), Mayagüez (hasta $8.3 millones), Toa Alta (hasta $7.0 millones) y Guaynabo (hasta $6.9 millones).

Las sugerencias de recorte de la JSF implican la posibilidad de recortar hasta $400 millones al EITC, lo cual dejaría el presupuesto del programa con $900 millones. Y si el año que viene se concretan sus proyecciones y el programa llegase a los $1,400 millones, entonces el recorte dejaría un programa de aproximadamente $1,000 millones.

El estudio de EA concluye que el efecto directo de dicho recorte será el aumento de la actividad económica informal y la reducción de la tasa de participación laboral, que desde el inicio del programa en 2018 aumentó en 3.9 puntos porcentuales.

“En un contexto económico en que Puerto Rico tiene su economía en clara desaceleración y donde sectores económicos tan importantes como la construcción tienen dificultades para encontrar empleados, un recorte al crédito por trabajo desincentivará el trabajo en la economía formal afectando a nuestro crecimiento económico”, indicó Daniel Santamaría Ots, Codirector Ejecutivo de EA.

En contraste, la organización apuntó a que hay un proyecto de ley para aumentar de 0% a 4% la tributación de ingresos pasivos que hacen los inversionistas residentes beneficiarios de la antigua Ley 22, ahora Ley 60.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) concluyó que, si el proyecto se convierte en ley, el gobierno aumentaría entre $27.8 y $60.6 millones de recaudos para el año fiscal 2027 y que la extensión de los decretos vigentes de la Ley 22 a partir de 2037 generaría un aumento de $271 millones por año. Dicho aumento en los recaudos superaría en más de la mitad el potencial recorte de hasta $400 millones al actual crédito por trabajo.

“Una reforma contributiva responsable debe preguntarse no solo cuánto cuesta cerrar el déficit, sino quién lo va a pagar. No podemos justificar un recorte de hasta $400 millones al crédito por trabajo mientras hemos dejado en la mesa $271 millones por cobrar a los beneficiaries de la Ley 22.”, apuntó Santamaría Ots.

El efecto de la propuesta de la Junta, municipio por municipio, se puede visualizar en esta herramienta.

Para el informe de EA sobre el EITC, pulse aquí.