El estado de emergencia declarado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced ante la pandemia por COVID-19, que ya mantiene 31 casos positivos en la Isla, dio paso al desarrollo de medidas económicas tanto a nivel estatal como federal, para intentar paliar la crisis fiscal que pudiera ocasionar el cierre de comercios.

De un lado, Vázquez Garced anunció que se enviará un subsidio de $500 a los trabajadores por cuenta propia, hasta $1,500 a todas las pequeñas y medianas empresas que han cesado operaciones debido al COVID-19 y se pagarán los salarios de todos los empleados públicos como parte de un paquete de medidas y ayudas directas locales para mitigar el impacto económico del cierre y toque de queda.

“Para ayudar al bolsillo de nuestra clase asalariada vamos a otorgar un incentivo de $500 efectivo a todos los trabajadores por cuenta propia… Hemos determinado que a través del Departamento de Desarrollo Económico destinaremos una aportación de $1,500 como incentivo a todas las pequeñas y medianas empresas que hayan cesado operaciones en medio de esta crisis”, informó la Mandataria, tras asegurar que el paquete de medidas fue aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF).

De igual forma, Vázquez Garced indicó que se extenderá el pago de contribución sobre ingresos hasta el 15 de julio próximo, 90 días de moratoria para hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito, así como la suspensión del pago en los peajes mientras dure la emergencia.

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“Hemos tomado la decisión de continuar pagando los salarios de los empleados del sector público que son parte del gobierno central. Hablamos de 134,200 trabajadores de agencias y corporaciones públicas. Nadie dejará de cobrar su cheque”, agregó Vázquez Garced durante un mensaje televisado este martes.

Asimismo, instó a los alcaldes a hacer lo mismo con los 51,500 empleados municipales a los que se destinarán $50 millones en ayudas para mitigar las pérdidas.

Entre las medidas anunciadas, incluye que durante los próximos tres meses se suspenderá la retención del 10 por ciento de contribuciones en los pagos por servicios profesionales y se eliminará el cobro del IVU en los muelles y la cadena de reventa por los próximos tres meses.

El Gobierno de Puerto Rico dará un bono de hasta $4,000 para todos enfermeros en el sistema público y privado, hasta $2,500 para los técnicos de salud que asisten en medio de la crisis y otros $4,000 para todo personal de respuesta de emergencias médicas y $3,500 para policías bomberos y empleados correccionales.

Vázquez Garced informó además que se otorgarán $250 millones para la compra de equipo tecnológico para el personal y estudiantes del Departamento de Educación y otros $20 millones estarán destinados para la compra de equipo necesario para los trabajadores del componente de seguridad.

Estas iniciativas se unen a las medidas anunciadas la pasada semana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tras declarar un estado de emergencia nacional por el COVID-19.

El tercer paquete de ayudas federales por la pandemia de coronavirus, que incluiría, entre otras cosas, asistencia a ciudadanos puertorriqueños por medio de cheques a individuos y familias, se mantiene estancado en el Senado Federal al no conseguir los 60 votos necesarios como medida procesal para ir a votación ayer lunes.

Está sobre la mesa en negociaciones entre republicanos y demócratas este paquete de estímulo fiscal de cerca de $1 billón, que incluye el envío de «cheques» con efectivo de hasta $1,200 a ciudadanos que ganen hasta $75,000 para contener el impacto económico del coronavirus. En el paquete, también se propone dar $500 adicionales por niño.

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Además de la entrega de efectivo a ciudadanos, en el paquete también se propone la expansión de fondos federales para pequeños y medianos comerciantes, la condonación de algunos préstamos si eran utilizados para pagar nómina, el aplazamiento de pagos de algunos impuestos, asistencia a sectores especialmente afectados, como las aerolíneas y hoteles.

La pasada semana la Cámara de Representantes Federal aprobó medidas para aumentar en $182.9 millones los fondos de Medicaid; además de un incremento a la aportación federal por servicio prestado de Medicaid, o FMAP, de 76% a 82%, había anunciado la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

González había explicado que la medida representaría un aumento de 6.2% al FMAP actual, por lo que el gobierno de Puerto Rico solo tendría que aportar un 18% para parear los costos de Medicaid.

Puerto Rico se beneficiará también de la asignación del $100 millones, repartidos entre los territorios, para el Programa de Asistencia Suplementaria (PAN). La comunicación no detalla exactamente cuánto de los $100 millones son para Puerto Rico en la repartición.

“Esto va desde proveer licencia por enfermedad pagada para que las personas puedan seguir los protocolos recomendados, incluyendo el aislamiento si presentan los síntomas o si han tenido contacto con alguien que ha dado positivo al coronavirus, hasta garantizar que habrá asistencia nutricional para disminuir el impacto que a los afectados por el virus”, expresó la Comisionada Residente en una comunicación en la que no desglosa cómo estas medidas se traducen en fondos disponibles para la Isla.

Además, el proyecto permitirá que las pruebas para determinar si un paciente tiene el coronavirus sean gratis, incluso para aquellos que no tengan seguro médico. También proporcionará alimentos a mujeres embarazadas de bajos ingresos y madres con niños pequeños, y ayudará a los bancos de alimentos locales y proporcionar comidas a domicilio a las personas mayores, quienes son los más vulnerables a este virus.

La medida también provee ayuda de desempleo para empleados cuyas funciones han sido suspendidas debido a la emergencia, así como para aquellos que agotan sus vacaciones pagadas.

Las medidas anunciadas por Trump incluyen además:

•Relevo del pago de intereses en los préstamos estudiantiles garantizados por el gobierno federal.

•$7,000 millones en préstamos para pequeños negocios a través de la Administración de Pequeños Negocios.

•Nuevas guías que limitan las visitas a los hogares de cuido de ancianos.

•Compra de petróleo crudo para las reservas estratégicas.

•Autorización para que el Secretario de Salud y Recursos Humanos suspenda: reglas que limitan la medicina a distancia, que limitan la práctica de doctores de un estado en otro estado, que limitan la cantidad de camas y la duración de las hospitalizaciones, levantar el periodo mínimo de hospitalización de tres días antes de admisión a un hogar de cuido de ancianos, y levantar restricciones sobre los lugares en los que los hospitales pueden tratar pacientes.

•Viabilizar más centros de prueba tipo ‘servi-carro’.

•Google inaugurará un portal para que las personas puedan cernir sus síntomas y determinar si deben hacerse la prueba.

•La Administración de Drogas y Alimentos emitirá autorizaciones de emergencia para más pruebas comerciales del coronavirus.

•Financiamiento para el desarrollo de dos nuevas pruebas de rápido diagnóstico.