Organización identifica las instituciones financieras de mayor volumen de ejecuciones.

El ritmo de ejecuciones hipotecarias alcanzó 686 residencias en junio pasado, un número mensual que no se veía desde antes del huracán María, expuso la organización Ayuda Legal PR.

Con base en las estadísticas de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF), el grupo especializado en asistencia legal a sectores desventajados económicamente en los procesos de hipotecas y de recuperación tras los huracanes resaltó que, en lo que va de 2021 ya se han llevado a cabo 1,820 ejecuciones.

Este número es casi el doble de las 911 ejecuciones registradas en 2020. El año pasado estuvo marcado por múltiples extensiones a moratorias de ejecuciones hipotecarias para prevenir la pérdida de hogares a la vez que los dueños enfrentaban la pandemia y sus estragos, lo que Ayuda Legal PR califica como una “merma artificial en las ejecuciones”. En 2021, las moratorias continuaron la primera mitad del año, pero ya terminaron.

De 104,128 préstamos hipotecarios acogidos a moratorias por la pandemia entre marzo a diciembre 2020, la OCIF reportó sólo 3,126 entre los meses de enero a julio de 2021. El 31 de julio terminó la protección que tenían las hipotecas subsidiadas por entidades federales y ya para agosto del año pasado habían terminado las moratorias en hipotecas con préstamos convencionales.

“Hoy sabemos que para miles de familias puertorriqueñas, estas medidas no fueron suficientes. Sólo en el pasado mes de junio se ejecutaron 686 residencias. Un número mensual así de alto no se veía desde el 2017”, dijeron en declaraciones escritas.

Las dos entidades que protagonizan el proceso de ejecuciones hipotecarias en la isla son Oriental Bank, que fue la que más demandas radicó con 274 entre enero y julio pasado, y el Banco Popular, que fue el que más ejecuciones realizó con 942.

Cuando la organización entró en los datos demográficos de estas ejecuciones, reforzó su denuncia reiterada de que representan “un riesgo desigual contra el derecho al techo de las mujeres”. Para julio, detallaron, 73% de las partes en demandas para ejecuciones incluían a una mujer y 22.3% de estas demandas solo iban contra una mujer como parte demandada.

“[I]nsistimos que las entidades hipotecarias se comprometan a adoptar buenas prácticas en el manejo de los préstamos hipotecarios y respondan a su responsabilidad social. De igual forma reclamamos al gobierno, en especial a las agencias designadas a fiscalizar a la banca, como la OCIF, a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que el derecho al techo de miles de personas en nuestro país sea protegido”, expresaron.