Se estima que unos 700,000 clientes pueden recibir restitución por cobros que la PRTC, ahora Claro, les hizo sin dar servicios.

El Tribunal de Apelaciones determinó que un pleito de clase contra Puerto Rico Telephone Company (PRTC), ahora Claro, que comenzó en 2009 y que implicaría unos $168.3 millones en pagos a consumidores, proseguirá su curso para identificar a los miembros de la clase y determinar la compensación que recibirían.

La demanda discurre alrededor de cargos mensuales por concepto de renta, mantenimiento y reemplazo de equipo monolínea que PRTC cobró a clientes entre 1999 y 2009 de manera ilegal y fraudulenta. La prueba en el caso incluye que en 2004 y 2005 hubo reclamos internos de parte de ejecutivos para que se dejaran de cobrar los cargos porque no había base legal, pero no se hizo.

La reclamación surgió el 9 de febrero de 2009 ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y sigue abierta debido a que PRTC se oponía a una sentencia sumaria del Tribunal Superior sobre la responsabilidad legal de la empresa ante estos gastos ilegales. El 8 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelaciones sostuvo la determinación del tribunal inferior de conceder la moción de sentencia sumaria a los demandantes y ordenar que el caso continúe.

“Si bien es cierto que PRTC se cruzó de brazos, tampoco existía controversia de hechos materiales que evitara la disposición del caso. El TPI examinó la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada, a la luz de la prueba que la acompañaba, y dispuso de la misma correctamente en derecho. La prueba presentada por la Clase Demandante, en su mayoría provista por la misma PRTC, demostró que dicha entidad incumplió con el contrato de servicios suscrito con miles de clientes, al realizar cobros indebidos, y continuar haciéndolo por varios años… PRTC no nos ha puesto en posición de determinar que el TPI abusó de su discreción al emitir su dictamen, erró en derecho, o que en su apreciación de la prueba medió prejuicio, parcialidad o error craso”, concluyó el panel de jueces apelativos.

La determinación del Tribunal Superior fue que PRTC cobró “ilegal y fraudulentamente” $168, 354,553.65.13 entre 1999 y 2009 a 730,406 clientes a razón de entre $1 y $3 mensuales.

Los abogados de los demandantes, José A. Andréu Fuentes y Harold Vicente exhortaron en un comunicado a que los clientes que entienden puedan tener derecho a restitución estén pendientes de los próximos anuncios relacionados con el caso y al portal www.pleitodeclaserentaequipoprtc.com.

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