Fiscales y agentes federales en PR se prestaron para espionaje y robo de secretos comerciales, según demanda
Empresa de tecnología alega que su gestión, incluyendo un posible negocio con Claro, se fueron a pique por la intervención maliciosa de competidores y agentes federales.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, bajo la jefatura de Rosa Emilia Rodríguez Vélez, y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés), bajo el liderato de Douglas Leff, se involucraron en una conspiración para robar secretos de negocios mediante órdenes de allanamiento fraudulentas, alega una demanda radicada la semana pasada en el Tribunal Federal.
La acción está promovida por el empresario Darwin Quiñones Pimentel, a través de las empresas Naicom Corporation; D &V IP Holdings, LLC; Paylink, LLC; y Kiaras, LLC, en contra de Dish Network, la fiscalía federal, el FBI, los funcionarios nombrados así como otras 13 personas del sector privado y agentes del orden público que supuestamente “formaron una empresa criminal a través del poder de sus respectivas corporaciones y entidades legales para privar al demandante de su propiedad intelectual, secretos de negocios y destruir sus compañías”.
Al centro de las alegaciones está un allanamiento realizado el 27 de agosto de 2019 en el que el FBI le incautó a los demandantes documentos, dos discos duros, dos memorias USB, un teléfono celular y una tableta que contenían información falsa. Pero, además, los demandantes sostienen que la conformación de esa gestión investigativa federal bajo premisas falsas y mediando perjurio (la propiedad luego fue devuelta mediante reclamación al tribunal sin que se radicaran cargos) malogró una negociación que Naicom tenía con Claro para mercadear en masa su innovación tecnológica consistente en un aparato que transmite señal de televisión en vivo a través de internet usando una cantidad mínima de banda ancha.
Antes de la intervención federal, Dish y otros demandados del sector privado se habrían enfrascado en un esfuerzo por averiguar los secetos de la tecnología de Naicom.
“[L]a compañía Dish Network Corporation, luego de ver la amenaza de varios negocios de telecomunicaciones que pretendían trabajar en alianzas, que incluían a Naicom (quien aportaría su sistema único de DISME), decidió radicar una querella al FBI alegando, sin prueba alguna, que la compañía Naicom era una de contenido de piratería en Puerto Rico”, dijo Quiñones Pimentel en un comunicado divulgando la demanda.
“[L]os federales realizan una orden de allanamiento sin causa probable, para acceder al Centro de datos de Naicom, donde residen todos los equipos de computadoras y servidores. Durante ese mismo ejercicio, le dieron acceso a Dish Network y Nagrastar a la tecnología, información confidencial y secretos de negocios de los demandantes, bajo la artimaña de una investigación criminal que no arrojó ni una cintila de evidencia criminal, ya que Naicom contaba con todos los contratos de empresas de programación televisiva para distribuir sus contenidos. No obstante, habiéndose disipado la causa probable de la primera orden de allanamiento fatula, resultando en una vergüenza para los federales, estos regresaron por segunda ocasión, también acompañados de empleados de Dish Network y Nagrastar, al Centro de datos de Naicom y otras dos empresas de nuestra propiedad. Pero, esta vez lo hicieron sin orden alguna, volviendo a ingresar a los predios, para continuar el robo de la propiedad intelectual y secretos de negocios”, añadió.
Los demandantes acumulan una reclamación de daños por hasta $500 millones y tienen otro pleito relacionado, radicado previamente, que está pendiente de la decisión de un juez ante la solicitud de desestimación de los demandados, los cuales son algunos de los demandados en el nuevo pleito, según el comunicado.
Las violaciones que se imputan son: empresa criminal continua (RICO en inglés), fraude postal, robo de secretos comerciales, violación a la Ley de Secretos Comerciales, fraude y abuso informático, Ley de Comunicaciones Almacenadas y la Ley de Derechos de Autor Digital del Milenio.
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