La unión que representa a más de la mitad de los celadores de LUMA pidió al Tribunal Federal que reinstale el acuerdo laboral que les tumbó la gobernadora con la OE-2025-15.

Cuando la gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó la orden ejecutiva OE-2025-15 para cancelar acuerdos laborales en proyectos de construcción del gobierno dejó a los celadores de LUMA Energy LLC sin el mecanismo mediante el que mantenían salarios competitivos y protocolos de adiestramiento y seguridad, reclamó un sindicato mediante demanda ante el Tribunal de los Estados Unidos para Puerto Rico.

Alegando violaciones bajo las constituciones del Estado Libre Asociado y Estados Unidos, la unidad Local Núm. 222 de la Hermandad Internacional de los Trabajadores de la Electricidad (IBEW en inglés) pidió al tribunal que reinstale el acuerdo laboral que firmaron con LUMA y que le prohíba al gobierno poner en vigor la orden ejecutiva de González Colón.

La firma de ese documento el 19 de marzo pasado fue resultó “sorpresiva y dañina” para la IBEW. La unión resaltó que, aunque las justificaciones del gobierno fueron que supuestamente se afectaba la competencia y la capacidad de contratistas locales para competir en proyectos de reconstrucción, el documento estandarizaba el elemento de la compensación a los obreros, por lo que los contratistas pueden competir en otros renglones, como capacidad gerencial y eficiencia.

“Acabar este acuerdo, basado solo en oposición a los sindicatos, no solamente está injustificado, sino que es cruel porque despoja a trabajadores vulnerables de las protecciones que apenas comenzaban a recibir”, indica la reclamación.

Entre los aspectos que regulaba el acuerdo firmado entre LUMA y la unión en 2021 están: programa de adiestramiento de aprendices, manejo de querellas, protecciones de seguridad, planes de salud y de pensión, equipo de seguridad específico que se debe usar, cantidad de obreros necesarios para atender situaciones particulares, y evita huelgas y protestas de brazos caídos.

IBEW dice en la demanda que representa a “sobre la mitad” de los celadores de LUMA, pero no precisa cuántos miembros tiene aquí en la isla. El sindicato tiene trayectoria de trabajo larga con Quanta Services, una de dos empresas que forman el consorcio de LUMA y comenzaron a operar en la isla en 2021 cuando adquirieron 650 obreros al absorber la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas (UITICE).

“El trabajo de los celadores de línea es uno de los más peligrosos en construcción y utilidades debido a la exposición constante a alto voltaje, y a trabajar en alturas y con clima severo”, puntualizó el sindicato.

La demanda argumenta que se ha violado el debido proceso de ley del sindicato porque tienen un interés propietario sobre el acuerdo y a que la orden ejecutiva constituye una confiscación ya que adquirieron terreno en la isla, construyeron instalaciones contrataron a cinco empleados y compraron cuatro vehículos para atender a sus miembros.

La orden de González Colón derogó una orden ejecutiva de 2022 del exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia que mandataba el uso de acuerdos laborales para todos los proyectos de reconstrucción con valor mayor a $5 millones.

Tras la firma, la unión envió cartas a LUMA y el gobierno el 23 de abril pidiendo que le confirmaran que el acuerdo laboral aplicaría a un requerimiento de propuestas que habían emitido en marzo. Sin contestar la carta, el gobierno cerró ese mismo día el requerimiento de propuestas.

Luego, el 15 de mayo, otro requerimiento de propuestas que estaba corriendo desde diciembre fue enmendado para instruir a los proponentes a someter dos escalas de precios, una aplicando el acuerdo laboral con la unión y otra sin aplicar ese acuerdo. El sindicato interpretó esto como “señal de la intención (del gobierno) de considerar propuestas que no cumplen con el acuerdo, en violación al mismo”.

Los demandados en el recurso sometido el martes son las autoridades de Energía Eléctrica y de las Alianzas Público Privadas y el director de esta última, Josué Colón Ortiz.

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