Por mandato de ley aprobada en el 2019, se supone que el plan para atender cambio climático fuera sometido a consideración legislativa este verano, pero todavía no ha ocurrido.

El Tribunal de Primera Instancia tiene ante sí una solicitud para que le ordene a la legislatura someter a evaluación de sus respectivos cuerpos el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC), que se supone fuera sometido a más tardar el 30 de junio pasado, pero no ocurrió.

La organización demandante, El Puente de Williamsburg, Inc., ha estado involucrada en varias facetas de la aplicación de la Ley 33 de 2019, Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Como parte de su abogacía en el tema solicitaron en vista ejecutiva el pasado 22 de julio para solicitar a la Comisión Conjunta de Mitigación, Adaptación y Resiliencia del Cambio Climático que “diera por aprobado (el PMARCC) y se presentara ante el pleno legislativo para su discusión y aprobación”.

Esta petición parte de que en la Ley 33 establece que un Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) desarrollaría el plan y lo presentaría a la Comisión Conjunta para que ese organismo, a su vez, lo someta a la consideración del Senado y la Cámara de Representantes “no más tarde de la culminación de la próxima Sesión Ordinaria”.

El comité presentó el plan a la comisión conjunta el 22 de abril de 2024. Por ser un año electoral, no hubo segunda Sesión Ordinaria, por lo que el plazo de la ley se cumplía el 30 de junio pasado, que fue el plazo de vigencia de la Sesión Ordinaria de este año y la primera después de la presentación del plan a la comisión conjunta.

Por ello, el demandante sostiene que procede que el tribunal emita un mandamus a la comisión conjunta para que haga lo que dice la ley, presentar el informe a los respectivos plenos legislativos. Lo que se pide al tribunal no implica que el pleno de los cuerpos legislativos emita un voto a favor o en contra del plan, sino que la comisión conjunta cumpla con su “deber ministerial” de someterlo a su evaluación.

La comisión conjunta está copresidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni y la representante Elinette González Aguayo.

La solicitud judicial equivale a obtener una orden para que una legislatura dominada ahora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) cumpla con un mandato que le puso en 2019 una legislatura dominada también por el PNP. La Ley 33 fue aprobada de manera unánime, con ausencias pero sin oposición, tanto en Cámara como en Senado. Específicamente, tuvo voto a favor de los presidentes legislativos, senador Thomas Rivera Schatz y representante Carlos Méndez Núñez. Estos son los presidentes legislativos también ahora.

El PMARCC examina el costo de no tomar medidas ante el aumento en las temperaturas por el cambio climático. Estudió escenarios de costos para aumentos de 1.5°C hasta 4°C. Encontró que el costo de la inacción para 2050 sería de una pérdida de $379,270 millones en el Producto Interno Bruto (PIB), de ocurrir un aumento de 2°C sobre los niveles preindustriales en la temperatura global. Este costo equivale al 18.3% del PIB acumulado entre el 2021 y 2050, según el documento.

La demanda recordó que el costo estimado de los daños del huracán María fue $94,000 millones y que “permitir que la Comisión Conjunta incumpla con el mandato legislativo dispuesto en la Ley 33-2019, sería autorizar a que esta no solo viole la política pública del país, sino que también se le estaría otorgando el poder de secuestrar el PMARCC y que el pueblo, quien sufrirá las nefastas consecuencias de la inacción de la Comisión Conjunta, esté a la merced de esta”. Entre los efectos del cambio climático sobre la isla están aumento del nivel del mar, mayor exposición al polvo del Sahara, periodos prolongados de sequía, impacto a los arrecifes de coral, huracanes, inundaciones, deslizamientos y la pérdida de vidas que implican todos esos fenómenos.

La Cámara ya aprobó una medida que incide sobre la evaluación del PMARCC. Por iniciativa del representante penepé Ángel Morey y en votación partidista de la mayoría, se le da a la comisión conjunta hasta el 31 de diciembre de 2026 para someter un informe al pleno sobre el PMARCC.

Para leer la demanda, pulse aquí.

Historias relacionadas:

Entrega a la Legislatura Borrador el plan para enfrentar el cambio climático

Dalmau asegura tienen hasta el 2025 para aprobar el plan de mitigación al cambio climático