Aunque el Departamento de Justicia (DJ) optó por acogerse a la moción sometida por el abogado de Bernice Beauchamp, madre de una niña de educación especial, para levantar la paralización de litigios – o stay en ingles – al amparo del Título III de la Ley Promesa y proceder con un pleito en el foro federal para reclamar al gobierno el pago de honorarios, el objetivo principal de esta movida no logró rendir los resultados anhelados.

Y es que esta moción urgente radicada por Francisco Vizcarrondo, abogado de Beauchamp, buscaba establecer un precedente para determinar si en efecto los casos relacionados de los servicios que supone prestar el gobierno a estudiantes de educación especial están exentos de las disposiciones de la Ley PROMESA, creada en el Congreso.

‘Nuestro norte era lograr conseguir un dictamen de la honorable jueza Swain donde de una vez y por todas determinase si la Ley PROMESA en efecto aplica o no aplica a estudiantes de educación especial protegidos bajo la ley federal IDEA’, indicó a NotiCel el licenciado Vizcarrondo.

Según consta en la moción radicada por Vizcarrondo, el pago de honorarios por su representación legal a Beauchamp y su hija constituye un derecho reclamable ante el gobierno bajo la ley federal ‘Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA)’. Su moción argumenta que el stay (paralización de litigios) de Título III no aplica en estos casos pues la Ley PROMESA expresamente prohíbe al gobierno utilizar este recurso para incumplir con leyes federales.

El DJ inicialmente se opuso al alivio del stay solicitado por Beauchamp bajo el argumento de que su caso fue paralizado en una orden final emitida por el juez a cargo de ese pleito, William Young. Del mismo modo argumentaron que Vizcarrondo no demostró causa suficiente para justificar se levante el stay para el pago de sus honorarios.

Sin embargo, radicados los argumentos de las partes, el 16 de agosto la jueza Swain convocó las partes para una vista argumentativa a celebrarse el 23 de agosto. No obstante, 24 horas antes de la vista el DJ radicó una moción para acogerse a la moción de Beauchamp, pero estableció que la decisión del gobierno en este caso no supone interpretarse como un precedente, sino una excepción en la que se reservan los derechos de objetar cualquier otra solicitud para levantar el stay en otros asuntos relacionados al Título III.

Para Vizcarrondo, esta determinación del DJ les permite continuar aplicando el stay de Título III para casos de estudiantes de educación especial que reclamen ejercer los derechos que se le confiere tanto por leyes federales como estatales. En la práctica, también supone un obstáculo para aquellos padres que no puedan costear servicios legales y que dependan de las salvaguardas provistos en ley para que el gobierno sufrague los honorarios de estos abogados.

‘La consecuencia principal seria efectivamente desproveer a esos estudiantes y sus padres que la mayoría en Puerto Rico son personas de escasos recursos, algunos hasta indigentes, de su derecho de conseguir una representación legal adecuada y competente’, aseveró Vizcarrondo a la vez que aseguró que el DJ cuenta con cientos de casos pendientes de pago de honorarios que, en su mayoría, no necesitan resolverse en una corte, provocando gastos adicionales a ambas partes.