El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, anunció el jueves, junto al Secretario de Educación, Rafael Román, la radicación de 25 cargos contra la terapista del habla María del Carmen Travieso Martínez, por supuestamente facturar servicios que nunca ofreció a niños de la corriente de Educación Especial.

Travieso Martínez enfrenta 25 cargos luego que una jueza del Tribunal de San Juan encontrara causa para arresto por falsificar la firma de las madres de dos menores a los que ofrecía servicios de terapia del habla y engañar al Departamento de Educación (DE) certificando la supuesta prestación de servicios.

La terapista del habla, la cual ofrecía sus servicios mediante el programa de la Unidad Secretarial de Procedimiento de Querellas y Remedios Provisionales (USPQRP) del DE para el año escolar 2015-2016, facturó a la agencia por servicios que nunca fueron rendidos. Travieso Martínez certificó que le había otorgado terapias a los menores en fechas y horas en donde los menores no habían asistido a la escuela, cuando es en la escuela donde se ofrecen los servicios. Asimismo, indicó que había brindado las terapias en fechas donde los menores estaban hospitalizados o en citas médicas.

Sin embargo, la acción de Travieso Martínez no se limitó a la falsificación de la firma de las madres de los menores. Esta también falsificó la firma de otras dos terapistas, las cuales incluía en la certificación como las que habían brindado el servicio.

Por el esquema, la mujer logró apropiarse de sobre $5,000 pertenecientes al erario público.

‘Este caso nos plantea una situación ética sumamente triste y lamentable. Independientemente del impacto económico, lo que nos resulta repudiable es la privación de los servicios de terapia a niños y niñas que los necesitan con desespero. El impacto económico puede ser de un solo centavo, pero la privación intencional, por fraude, de la terapia es un atentado contra la esperanza de estos niños y sus madres, en este caso específico’, indicó el Secretario de Justicia en un comunicado de prensa.

Mientras, el secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, expresó que este caso evidencia el compromiso que han tenido, desde que inició su gestión, de lograr una transformación en la prestación de servicios a los estudiantes de Educación Especial y velar con mucha responsabilidad los fondos públicos que se destinan para manejar las distintas condiciones que afectan el proceso de aprendizaje de esta población.

‘Es una triste historia dado que esta Unidad es la oficina en la cual cifran sus esperanzas los padres cuando la Secretaría Asociada de Educación Especial no puede ofrecerle los servicios. Esta Unidad representa la última oportunidad que tiene el DE para garantizar los servicios de esta población desventajada’, destacó el titular de Educación.

Por los hechos antes expuestos, la jueza Alfrida Tomei del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto en un cargo por apropiación ilegal de fondos públicos, un cargo por fraude, 12 cargos por falsificación ideológica, y 11 cargos por posesión y traspaso de documentos falsos.

A Travieso Martínez se le impuso una fianza de 200 dólares en cada cargo, para un total de 5,000 dólares.

La investigación estuvo a cargo de las fiscales Wilda Nin e Iraida Casillas, adscritas a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, en unión a la agente especial Edna Cruz Estrada del Negociado de Investigaciones Especiales. También, colaboraron los auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico Emmanuel Fuentes y José Rivera.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de septiembre de 2016.