El Gobernador confirmó que las clases presenciales arrancan el 1 de marzo.

Pese a las críticas y el llamado a aplazar la fecha, el proceso para la reapertura de las escuelas sigue a paso firme.

Ayer, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia confirmó que el retorno a los aulas iniciará el 1 de marzo -tres días antes de lo previsto- y decretó un estado de emergencia para derribar barreras burocráticas y agilizar el proceso de acondicionamiento de las escuelas públicas, que llevan cerradas y sin mantenimiento desde hace un año.

"La intención es comenzar a abrir las escuelas para que puedan brindar educación presencial a partir 1 de marzo de este año. Esa es la intención", indicó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar tras reunirse con los alcaldes del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista para elaborar una agenda de trabajo común.

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"No quiero ser repetitivo, pero lo que estoy diciendo es que escuela que no esté en condiciones, es escuela que no abre. Escuela que tenga un director escolar que no esté en la posición de certificar que va a cumplir con el protocolo que establezca el Departamento de Salud, es escuela que no abre”, agregó.

Pero a una semana y media del regreso de los estudiantes a las aulas, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud todavía no han divulgado sus planes al país. La designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, presentó su propuesta a la Asociación de Maestros, cuya local sindical representa a los educadores del sistema público, a finales de la semana pasada. El designado secretario de Salud, Carlos Mellado también presentó el borrador de su protocolo a los representantes de las escuelas públicas y privadas la semana pasada.

Tampoco queda claro cuántas escuelas públicas y privadas finalmente abrirán sus puertas para recibir estudiantes.

“Lo que se ha dicho públicamente es la intención de comenzar a abrir las escuelas gradual y parcialmente a partir del mes de marzo. El detalle de qué escuela y el protocolo y los requerimientos a cumplir es el que todavía no se ha anunciado”, respondió el Gobernador a preguntas de la prensa sin ofrecer la fecha en que los planes se divulgarán para discusión pública.

“En cuanto a una orden ejecutiva autorizando que esto suceda. La orden es inminente. En cualquier momento se estará emitiendo una orden que autoriza al Departamento de Educación y al sistema de educación privado en Puerto Rico a abrir escuelas sujeto a una serie de términos y condiciones incluyendo cumplimiento con los protocolos que establezca el Departamento de Salud”, agregó.

Unas horas después, La Fortaleza divulgó una convocatoria a una conferencia de prensa virtual para ofrecer los pormenores de la orden que autorizará la apertura de las escuelas públicas y privadas.

El Departamento de Salud elaboró un protocolo de salud uniforme para guiar el proceso de apertura. Esa guía, de acuerdo a Mellado López, contiene listas de cotejo de las medidas de prevención que las escuelas deben adoptar para evitar la propagación del COVID-19 y respuestas a posibles escenarios de contagio. Cada escuela debe auto-certificarse y recibir un permiso de Salud.

Salud también requiere que todas las escuelas formen parte de su programa de vigilancia y rastreo a través del BioPortal, una plataforma creada al inicio de la pandemia para controlar la propagación del peligroso virus.

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Las 857 escuelas públicas ya tienen un perfil en la plataforma, pero solo la mitad de los 700 colegios privados.

Cada escuela privada determinará su plan de apertura y la modalidad de la enseñanza, pero en el caso de las escuelas públicas el plan adoptado por Aponte Santos propone que los estudiantes de kínder a tercer grado, educación especial y cuarto año tomen clases presenciales. Estos estudiantes se dividirán en dos grupos y tomarán sus cursos dos veces a la semana y tomarán clases hasta el mediodía. El resto de los estudiantes continuará con clases virtuales.

El sistema de educación público tiene 276,413 estudiantes y el privado entre 150,000 a 160,000.

Ante la falta de preparación de las escuelas públicas y la escasez de información precisa sobre los planes de salud, un informe de la Cámara de Representantes recomendó abrir las escuelas en agosto, fecha en que inicia el nuevo año escolar. Los gremios que representan a los maestros y maestras, algunos padres, alcaldes y expertos en salud también han pedido aplazar la fecha hasta que las escuelas públicas estén en condiciones para recibir estudiantes y baje el nivel de positividad del COVID-19 en la Isla. Hasta ayer, ese nivel se encontraba en 6.5%. La Organización Mundial de la Salud estableció una positividad inferior al 5% como uno de los criterios epidemiológicos para considerar si la pandemia está controlada.

Pero el Gobernador y su equipo de trabajo han insistido en que solo abrirán las escuelas que están listas y han asegurado que se tomarán todas las medidas para proveer un escenario seguro para los estudiantes.

Pierluisi Urrutia también rechazó señalamientos de que el relajamiento de los requisitos para contratar con el Departamento de Educación en tiempos de la pandemia abra la puerta a situaciones de corrupción o malos manejos de dinero público como ocurrió al inicio de la crisis salubrista con la compra de pruebas diagnósticas.

“La orden misma establece los requisitos. Uno de los requisitos es que tiene que haber transparencia. Se tiene que publicar por vía del internet la notificación de solicitud de propuestas o contratos o sea que todo va a estar a la luz pública”, respondió.

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A pesar de la insatisfacción generalizada con el nombramiento de Aponte Santos, el Primer Ejecutivo negó que la dilación en el proceso de confirmación constituya una distracción que altere la meta de retornar a las aulas.

“Quien establece la fecha de la vista es el Senado. La decisión la toma el presidente del Senado que preside la Comisión de Nombramientos. Creo que fue el senador Dalmau que dijo que prefiere que esa vista comience luego del proceso de apertura. No voy a estar entrando en dimes y diretes con los presidentes de los cuerpos. Yo reconozco que tienen el poder de llevar a cabo el proceso de confirmación según mejor entiendan”, apuntó.

El martes, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que ese cuerpo no evaluará el nombramiento de la educadora hasta que encamine el proceso de apertura de las escuelas públicas del País, puesto que constituye una pieza clave para juzgar su talante y sus dotes para ocupar el cargo en propiedad.

Hasta ayer, Aponte Santos no había sometido sus documentos a la Comisión de Nombramientos.

“Espero que no (sea una distracción) porque el Departamento de Educación es más que la Secretaria. Ahí hay miles de buenos servidores públicos que están aportando”, respondió a preguntas de la prensa.

“No voy a especular. Espero que le den ese voto de confianza si lo que lleva en el cargo es escasamente mes y medio”, agregó.

Las escuelas públicas y privadas permanecen cerradas desde marzo del año pasado cuando la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced impuso un toque de queda y una cuarentena -entre otras medidas- para evitar la propagación del coronavirus.