Están visitando los planteles escolares con información sobre las políticas de la administración Trump y sus efectos sobre la educación pública.

Ante la incertidumbre de la posible eliminación del Departamento de Educación federal, que afectaría millones de dólares que se desembolsan anualmente al Departamento de Educación de Puerto Rico, la Asociación de Maestros de Puerto Rico comenzó una campaña llamada «Protejamos a nuestros niños» en defensa de los fondos educativos y la educación pública.

El presidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, ha reiterado en varias ocasiones que busca cerrar el Departamento de Educación federal y que sean los estados los que se encarguen de trabajar el asunto de manera individual.

Una de las tantas promesas que hizo el republicano fue su intención de socavar aquellas agencias gubernamentales que representaban gastos. Sin embargo, la gobernadora, Jenniffer González Colón, ha insistido en que no habrá recortes para Puerto Rico.

Cerca del 50% del presupuesto del DE en Puerto Rico depende de fondos federales.

«Recordemos que cerca del 50% del presupuesto de la educación pública en la isla depende de estos fondos federales que podrían estar en riesgo. Sin estos recursos, potencialmente se verían afectados miles de estudiantes de nuestras escuelas que hoy dependen o se benefician de programas de servicio directo y servicio de apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE)”, expresó el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, en conferencia prensa.

La Asociación hizo un análisis del presupuesto consolidado tomando en cuenta los recortes federales y entiende que habría una disminución cerca de $2 mil millones a Puerto Rico.

Bonilla Sánchez también aseguró que de concretarse este “asalto a la educación pública” los efectos en todos los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, serían devastadores.

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Afirmó que 26 millones de niños vulnerables perderían servicios esenciales, 7.5 millones de estudiantes con diversidad funcional (el 15% de los estudiantes) perderían acceso a los servicios de educación especial financiados por el gobierno federal, 10 millones de estudiantes de familias trabajadoras podrían quedarse sin las becas Pell y préstamos que se otorgan por necesidad económica y unos 12 millones de estudiantes perderían el acceso a programas de educación técnica y profesional.

Bonilla Sánchez también detalló los programas de fondos federales que podrían verse afectados en el presupuesto consolidado del DE. Entre estos programas se encuentran: gastos de funcionamiento en todas las escuelas públicas del país, desde “kindergarden” hasta duodécimo grado, servicios educativos de educación especial, servicios de comedores escolares, educación vocacional y técnica, educación de adultos e Institutos tecnológicos. También podrían verse afectados los servicios auxiliares de asistencia técnica y el mantenimiento de las escuelas públicas.

El secretario general de la Local Sindical, el profesor Ángel Javier Pérez Hernández, dijo que este recorte presupuestario se traduciría a tener menos maestros y salones saturados de estudiantes.

«Significaría menos maestros y menos personal de apoyo. Estos son nuestros trabajadores sociales, nuestros consejeros escolares y nuestros bibliotecarios. Salones de clases saturados, o sea, esto redunda en mayor cantidad de estudiantes por salón y por maestro y mayores problemas de los que redundan hoy en la escuela. Bajo este panorama se impondría una carga enorme al gobierno estatal que tendría que buscar mantener los servicios esenciales que se verían impactados, incluyendo la posibilidad de cobrar más impuestos», sostuvo Pérez Hernández.

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Cientos de educadores, coordinadores de la AMPR y miembros de las 78 juntas locales de la organización magisterial han estado durante el día de hoy entregando, en todas las escuelas del país, material con información sobre las políticas de la administración Trump y sus efectos sobre la educación pública.

También, han estado haciendo un llamado para que padres, estudiantes, maestros, miembros de las comunidades escolares y la ciudadanía en general, contacten y presionen a la gobernadora, Jenniffer González Colón y al comisionado residente, Pablo José Hernández, para que exijan al presidente Trump que no ponga en vigor estos planes devastadores para la educación pública.

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