El secretario de Educación, Eligio Hernández, dijo hoy que su equipo legal evaluará el alcance de la decisión del Tribunal de primera Instancia de San Juan, que ordenó ayer la reapertura de todos los comedores escolares que opera el Departamento de Educación (DE).
“Con relación a la sentencia emitida por el tribunal, les aseguramos que el DE es una agencia que cumple con las leyes estatales y federales; acatamos todas las órdenes y decisiones que expidan los foros judiciales. Sin embargo, por lo reciente de la determinación, hemos referido la misma a nuestro equipo legal para evaluar el alcance de lo ordenado y las alternativas legales disponibles para la agencia. Esto lo hacemos velando por el mejor bienestar de nuestra población, que son nuestros niños y jóvenes”, dijo Hernández en declaraciones escritas.
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“Respecto a la repartición de alimentos, Educación utiliza todas las herramientas disponibles para asegurarnos que los alimentos lleguen a la mayor cantidad de personas de 1 a 18 años, según establecen las leyes federales y estatales. Esto siempre en cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad que se requieren para que los procesos sean lo más seguro posible ante la emergencia que vivimos causada por el COVID-19”, indicó.
“De hecho, el DE continua coordinando la administración de las pruebas para detectar COVID-19 a más personal de los comedores escolares y almacenes de distribución de alimentos, con la intención de que en cada municipio se pudiera identificar mayor necesidad de los servicios de almuerzos”, manifestó el funcionario.
Hernández afirmó que dentro de las alternativas que han utilizado para hacer llegar alimentos a las personas de 1 a 18 años que lo necesitan se encuentran:
Hasta ayer viernes estaban operando 105 comedores y 32 auspiciadores independientes que impactan a 326 comunidades. Desde el 6 de mayo, día de la apertura, se han distribuido 1,029,143 raciones para niños y jóvenes de 1 a 18 años, informó el DE.
«Es importante destacar que en el DE cumplimos con las disposiciones de los programas federales relacionados a la nutrición, así como las directrices y protocolos que emite el Departamento de Salud ante la emergencia causada por la pandemia del COVID-19. Igualmente, es nuestra responsabilidad velar por la salud y la seguridad de todo el personal que está a cargo de esa operación, pues bajo ninguna circunstancia queremos que este esfuerzo pueda provocar aumentos en casos de contagios ni a los funcionarios ni a nuestros estudiantes y familiares», agregó el Secretario en sus declaraciones.
«Es importante destacar que los fondos para la distribución de alimentos son federales. Estos, a su vez, tienen guías de cómo se pueden utilizar y quiénes pueden ser beneficiarios de los distintos programas de alimentos. Nuestra obligación es manejar estos fondos de manera responsable en todo momento. No hacerlo resultaría en serios señalamientos y graves consecuencias entre las que se encuentran la cancelación o congelación de fondos», concluyó.
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