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El alcalde de Dorado se expone a una multa de $10,000 si se encuentra mérito en la querella en su contra

Fue denunciado por violar la veda electoral

El alcalde de Dorado, Carlos López.
Foto: Juan R. Costa-Rivera Juan R. Costa

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, se expone a una multa de $10,000 de parte de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) si se encuentra fundamento detrás de la querella que presentara la legisladora municipal de Movimiento Victoria Ciudadana, Yamira Colón Rosa, quien lo denunció por presuntamente violar la veda electoral.

Colón Rosa acompañó su querella con múltiples fotos tomadas en Dorado de rótulos en que aparece la imagen del alcalde o información sobre proyectos pendientes con el nombre del alcalde. El ejecutivo municipal ha planteado que estos rótulos han sido pagados por su comité de campaña, pero casi todos tienen el logo del municipio y ninguno incluye la frase de que son pagados con fondos privados.

Esa coletilla de que el anuncio es pagado con fondos de un comité de campaña es indispensable, dijo Vélez, quien tiene apenas 22 auditores para velar por el cumpliento de la veda electoral, que incluiría la evaluación de sobre 13,000 anuncios y publicaciones en redes sociales.

Vélez indicó a Noti-Uno que la querella llegó a su atención mediante el sistema de confidencias y se une a otras quejas relacionadas a Dorado, todas por promoción en violación de la veda electoral.

“Estamos investigando y evaluando el asunto”, dijo Vélez. “Se dieron instrucciones a los auditores de la oficina a que reúnan todas las confidencias y la denuncia presentada”.

El funcionario no anticipó cuándo su oficina determinaría si las denuncias se sostienen o no, pero recordó que ningún rótulo pagado con fondos públicos puede incluir la foto de algún funcionario o información que resalte obras realizadas, por ejemplo.

Antes de emitir un fallo, la OCE necesita recibir la postura del gobierno municipal de Dorado. Si se sostiene, una primera multa es de $10,000 e infracciones adicionales elevarían el castigo monetario a $25,000. El dinero tiene que salir del gobierno municipal o del bolsillo del propio aspirante.