Un tribunal nipón impuso hoy una multa de 400,000 yenes (3,257 euros; 3,710 dólares) para la pintora y escultora Megumi Igarashi, conocida como la ‘artista de la vagina’, al declararla culpable de distribuir material considerado obsceno.

Igarashi, de 44 años, estaba acusada por las autoridades niponas de distribuir datos para imprimir réplicas en 3D de su vagina a través de internet a cambio de dinero en octubre de 2013 y marzo de 2014.

Además, la artista nipona había sido detenida en diciembre de 2014 por exhibir en una muestra en Tokio obras que reproducían genitales femeninos, un caso que desató la condena de colectivos culturales de distintas partes del mundo que lo consideran una grave violación de la libertad de expresión.

La Corte del Distrito de Tokio ha concluido que los datos distribuidos a través de internet por Igarashi ‘reproducían de forma realista la forma de los genitales, lo que podría estimular el deseo sexual del público’, según la sentencia hecha pública hoy.

Según la acusación, Igarashi llevó a cabo una campaña de micromecenazgo y envió a aquellos que realizaron aportaciones datos que permitían imprimir una réplica en 3D de sus genitales.

De este modo recaudó un millón de yenes (8,140 euros; 9,275 dólares) de más de un centenar de donantes y financió la construcción un kayak con la forma de su vulva.

No obstante, el tribunal ha absuelto a la ‘artista de la vagina’ de los cargos de obscenidad relacionados con la antes mencionada exposición, ya que en la muestra se exhibían obras en los que los genitales femeninos ‘aparecen decorados y pintados con colores distintos a los de la piel humana’.

Igarashi, que trabaja bajo el pseudónimo ‘Rokudenashi-ko’ (‘Chica mala’), siempre ha defendido que uno de los objetivos de sus creaciones es ‘desafiar los tabúes’ y ‘luchar contra la discriminación’ sobre la sexualidad femenina en la sociedad japonesa, y no inducir a la excitación sexual.

El código penal japonés prohíbe la distribución o exhibición de materiales ‘obscenos’ aunque no incluye una definición exacta de esta categoría, y contempla penas de hasta dos años de prisión o multas de hasta 2.5 millones de yenes (20,333 euros; 23,167 dólares) para este tipo de delitos.

En la práctica, las reproducciones de genitales humanos que aparecen en medios audiovisuales e impresos -por ejemplo, en la industria pornográfica- son censuradas para evitar problemas legales.

La fiscalía nipona solicitaba una multa de 800,000 yenes para Igarashi -el doble de la cuantía final impuesta por el tribunal-, por considerar que la acusada había cometido ‘actos de gran responsabilidad criminal’ al distribuir datos que permitían la creación de objetos ‘obscenos’.