Tres mujeres han sido multadas por llevar ‘burkini’ en la localidad francesa de Cannes desde que la Justicia validara el sábado el decreto municipal que lo prohíbe en sus playas, informó hoy el diario local ‘Nice Matin’.

El mismo sábado, una mujer de 29 años fue multada en la playa de la Croisette con los 38 euros que prevé la normativa; al día siguiente recibió la sanción otra de 32 en la de Zamenhoff, y el lunes por la tarde fue sancionada una tunecina de 57 años.

Además, otras seis mujeres que se bañaban ‘demasiado cubiertas’, según el diario, fueron advertidas, pero optaron por abandonar la playa o cambiarse el traje de baño, tal y como declaró el jefe de la policía municipal, Yves Daros.

‘Nice Matin’ indicó que desde que el Tribunal Administrativo de Niza respaldó a las autoridades locales en su veto contra ese bañador islámico los controles contra esa prenda se han multiplicado.

Al decreto de Cannes se suman los de otras localidades como Villeneuve-Loubet, también en la Costa Azul, y Sisco, en Córcega.

Las alcaldías locales alegan motivos de seguridad e higiene, al considerar que una prenda que ‘manifiesta de forma ostentosa una pertenencia religiosa, cuando Francia y los lugares de culto religioso son actualmente objetivo de ataques terroristas, puede provocar disturbios del orden público’.

Este domingo, el empresario argelino Rachid Nekkaz se ofreció a abonar las multas que se dicten contra el ‘burkini’ con el fondo que creó en 2010, dotado de un millón de euros, para sufragar infracciones por llevar en lugares públicos el ‘niqab’ (velo integral que solo deja al descubierto los ojos).

La polémica en torno a esa prenda ha saltado de la esfera local a la gubernamental. La ministra de la Familia, la Infancia, y los Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol, consideró hoy que el ‘burkini’ se puede ver como ‘una versión playera del ‘burqa».

‘Se trata de encerrar, de disimular el cuerpo de las mujeres para controlarlas mejor’, dijo en una entrevista al diario ‘Le Parisien’.

Rossignol destacó que le corresponde a los alcaldes evaluar los posibles altercados al orden público que su uso podría conllevar, pero pidió que no se tergiverse este tema ni se utilice con fines partidistas.

‘Cuando los decretos municipales se refieren al contexto terrorista no aportan nada’, señaló la ministra, que no vio útil hacer amalgamas y destacó que es un frente que debe abordarse con ‘mucha sangre fría’.