La reclamación es esencialmente la misma que se sometió la semana pasada y que el consorcio logró paralizar al pedirle al foro federal que asuma jurisdicción.

La demanda que la gobernadora Jenniffer González Colón sometió el martes contra LUMA Energy, el operador privado de la red eléctrica, es un calco de la que las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de las Alianzas Público Privadas (AAPP) sometieron la semana pasada, pero que el consorcio logró paralizar al pedir que la jueza federal que maneja la quiebra de la AEE asuma jurisdicción.

El argumento de jurisdicción federal no está resuelto todavía, ya que la nueva demanda fue sometida a solo horas de que el consorcio pidiera la intervención de la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, en cuanto a la primera reclamación.

El punto de ambos recursos legales es el mismo: que se declare nula la carta de noviembre de 2022 con la que se enmendó el acuerdo temporero con LUMA y que, al así declararse, se resuelva que la relación con el consorcio se ha terminado porque sería como si no se hubiera renovado en 2022. El acuerdo temporero inicialmente duraba 18 meses porque se pensaba que la quiebra de la AEE estaría finalizada para entonces y podría comenzar el contrato regular de 15 años. Pero el mismo día que vencía, 30 de noviembre de 2022, fue renovado sin fecha, porque ahora durará hasta que la quiebra termine, cuando sea, y hasta que el Plan de Ajuste de Deuda que resulte de ese proceso sea “razonablemente aceptado” por LUMA. También, se busca obligar a que el consorcio se mantenga un año atendiendo la transición de la operación del sistema a otra entidad que el gobierno todavía no ha anunciado.

Uno de los fundamentos de nulidad que se plantean es que los miembros del interés público de la Junta de Directores de la AAPP se abstuvieran en la votación sobre la aprobación de la extensión, lo que en la ley de esa agencia se interpreta como un voto en contra. Se necesitaba el voto afirmativo de ambos, sin embargo. Cada uno de los abstenidos representaba, respectivamente, al Senado y la Cámara de Representantes.

Las diferencias con las que se espera garantizar que la demanda no se pueda trasladar al tribunal federal son que los demandantes la semana pasada fueron la AEE y la AAPP, y en la del martes es la gobernadora. Ambas corporaciones públicas están demandadas ahora como “partes interesadas”. También, se plantea como fundamento legal el “parens patriae”, un concepto que faculta al gobierno a intervenir en protección de sectores vulnerables. Su aplicación más conocida es en el contexto de casos donde hay menores sin padres o parientes capaces de velar por ellos.

“La Demanda se presenta ya que el Gobierno de Puerto Rico tiene el deber constitucional de salvaguardar el orden público, proteger la vida, la seguridad y los bienes de sus ciudadanos… Ante este escenario, la pendencia del (primer) caso y los procesos ante el Tribunal Federal relacionados con este resulta evidente que actualmente existe una incertidumbre jurídica en torno a la validez de la Carta de Extensión en controversia que debe ser atendida con urgencia”, indica el recurso que presentó el Departamento de Justicia.

En comparación con el recurso anterior, el segundo no enfatiza que la carta impugnada fue firmada en la pasada administración. Se dice que la extensión “no fue sometida a, ni cuenta con el aval de la Honorable Gobernadora, ni consta tal aval de su predecesor”. Pero no se explica por qué se necesitaba el “aval” de los gobernadores ni, específicamente, porque se necesitaba el de ella, que se convirtió en gobernadora poco más de dos años después de que se aprobara la extensión.

Además, no se hace referencia a que el zar de Energía Josué Colón Ortiz, quien era director de la AEE en el 2022, se había negado a firmar la extensión. Esta alegación en la demanda anterior provocó discusión pública por ser el único funcionario protagonista que estuvo en ambos trámites, el de 2022 y la impugnación de ahora.

Colón Ortiz dijo a NotiCel que el equipo legal de la AAPP lleva todo el año evaluando alternativas legales para rescindir el contrato, pero fue “hace mes y medio, dos meses” que se comenzó a enfocar la discusión con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, en la posibilidad de anular la carta de extensión.

Colón Ortiz admitió a NotiCel que no tiene un documento que constate su rechazo a firmar la extensión. La resolución de la junta de la AEE sobre la aprobación de la extensión dice que cualquier de los dos, el director de la autoridad o el presidente de la junta, podía firmarla.

Colón Ortiz dijo a este diario que con ese intercambio no promovía la aprobación de la extensión, sino que “es una intervención para asegurar que los que están trayendo eso allí, que eso es correcto en derecho”. El intercambio se refiere a una conversación entre Colón Ortiz y el expresidente de la Junta de la AEE, Fernando Gil Enseñat, en el que el entonces director ejecutivo de la AEE avala la extensión del contrato que ahora se quiere declarar nulo.

Después de la aprobación, las controversias quedaron solo en discusión, no hubo retos legales y la relación del gobierno con LUMA continuó hasta que ahora “todo eso se evaluó y se reevaluó” para llegar a la decisión de someter la demanda, explicó.

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