El proyecto busca fortalecer la protección de este sector vulnerable y, a la vez, ofrecer alternativas de rehabilitación que eviten la reincidencia y promuevan la justicia restaurativa.

La protección de los adultos mayores ante la explotación financiera, especialmente cuando los agresores son familiares, se ha convertido en prioridad para el Senado de Puerto Rico. 

En vista pública, la Comisión de lo Jurídico, presidida por el senador Ángel Toledo López, analizó el Proyecto del Senado 781, una propuesta legislativa que busca establecer un programa de desvío con fines de reeducación dirigido específicamente a ofensores sin antecedentes por delitos graves de maltrato.

El proyecto, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a petición de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), busca fortalecer la protección de este sector vulnerable y, a la vez, ofrecer alternativas de rehabilitación que eviten la reincidencia y promuevan la justicia restaurativa.

“Esta medida responde a una realidad alarmante. La explotación financiera de adultos mayores muchas veces es perpetrada por quienes deberían protegerles. El programa de desvío busca no solo sancionar, sino reeducar y reparar el daño, poniendo en el centro el bienestar y los derechos de las personas mayores”, defendió la licenciada Yolanda Varela Rosa, procuradora de las Personas de Edad Avanzada.

La iniciativa establece que solo podrán acceder al programa quienes carezcan de antecedentes por maltrato o incumplimiento de órdenes de protección, y admitan voluntariamente su responsabilidad. El acuerdo, suscrito entre el Ministerio Público, el acusado y la entidad de reeducación, estará bajo supervisión judicial entre uno y tres años. El tribunal deberá escuchar a la víctima antes de conceder el beneficio y podrá revocar el desvío si no se cumplen las condiciones, dictando sentencia en tal caso. Si el programa se completa con éxito, el expediente se mantendrá confidencial y sin efectos legales futuros, pero solo podrá beneficiarse una vez.

No obstante, la agencia presentó recomendaciones y observaciones técnicas, entre ellas la necesidad de fortalecer la tipificación y las penalidades del delito de explotación financiera en el Código Penal, así como establecer parámetros claros para la aplicación del programa de desvío. 

El Departamento de Justicia indicó que, de incorporarse dichas recomendaciones al texto final de la medida, no tendría objeción legal a la continuación del trámite legislativo.

Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación enfatizó la urgencia de crear programas de reeducación especializados, mecanismos de supervisión comunitaria y coordinación interagencial, además de formación específica para el personal en materias de envejecimiento y dinámica familiar. También instó a definir métricas claras para evaluar el impacto real en la reincidencia y la seguridad de las víctimas.

El texto contempla asimismo la emisión de órdenes de protección durante el proceso, así como la participación de la OPPEA en el diseño de las guías. El senador Toledo López solicitó a los expertos la presentación de propuestas de enmiendas y guías estatutarias para perfeccionar la medida antes de la próxima sesión ordinaria, dejando claro que la prioridad es blindar a los mayores ante una amenaza que suele gestarse en el propio núcleo familiar.