La exgobernadora Wanda Vázquez Garced obtuvo el martes una posposición de su sentencia federal para el 29 de enero, más de tres meses después de la fecha inicialmente pautada, en medio de intentos de sus abogados por evitar que la jueza Silvia Carreño Coll tome en cuenta formalmente las alegaciones de soborno que pesaban en su contra en la acusación grave original por soborno.

Esa acusación fue reducida a un delito electoral menos grave.

Los coacusados con Vázquez Garced, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossini, también obtuvieron posposiciones de su sentencia para ese día. Las sentencias están pendientes desde octubre.

En agosto pasado, el trío se declaró culpable de dar, tramitar y recibir un donativo político ilegal porque el donante, Herrera Velutini, no es un ciudadano estadounidense. El delito aplica a cualquier elección en jurisdicción estadounidense, aunque sea una estatal, como la de Vázquez Garced. Ese fue el resultado del procesamiento criminal después de que la jefatura del Departamento de Justicia federal interviniera en mayo para revisar el caso original que colocaba al banquero sobornando a la gobernadora en 2020 para conseguir que se nombrara a un candidato de su elección en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

El delito nuevo es menos grave, pero puede conllevar pena de cárcel de hasta un año y la negociación con Justicia federal no incluyó un compromiso para recomendar una pena específica, por lo que los argumentos a favor y en contra para la pena se darán en la vista.

Para la vista, la jueza Carreño Coll contará con un informe de la Oficina de Probatoria que contendrá un resumen del historial de cada acusado y también una recomendación de pena. Ese es el campo de batalla actualmente porque la fiscalía ha propuesto que en el historial se tomen en cuenta las alegaciones de soborno que había en el caso original, mientras que los acusados tratan de eliminar eso.

Bajo el concepto de “conducta relevante”, los informes que los oficiales probatorios someten pueden ser una mirada amplia sobre la trayectoria del acusado y pueden incluir alegaciones de conducta ilegal, aunque no se trate de acusaciones formales ni de convicciones. Se toman en cuenta también elementos como las posiciones de responsabilidad que el acusado haya tenido, específicamente con relación a la conducta ilegal federal que se le imputa. Eso produce un cálculo que representa la recomendación de sentencia.

De la misma manera, a los jueces se les reconoce libertad para tomar en cuenta alegaciones no formales sobre la trayectoria de los convictos y también facultad para desviarse de la recomendación de sentencia, si establecen razones para ello.

Las sentencias ocurrirán después de que el diario The New York Times revelara que la hija de Herrera Velutini, Isabela, tiene un donativo a su nombre por $2.5 millones para el súper comité de acción política, MAGA, Inc., asociado al presidente Donald Trump. El donativo aparece registrado el 31 de diciembre de 2024, cuatro meses después de que se uniera a la defensa de su padre el exabogado personal de Trump, Christopher Kise, y cinco meses antes de que los cargos graves se redujeran a uno menos grave.

Vea:

Hija de Herrera Velutini hizo donativo millonario a MAGA antes de negociación favorable