Como había anticipado en escritos recientes, la defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced formalizó el jueves su petición de que sea eliminada del récord la petición que hizo la fiscalía federal para que reciba sentencia de 12 meses de cárcel por el delito menos grave por el que se declaró culpable, después de que por intervención del Departamento de Justicia central se retirara el caso grave que enfrentaba.

Vázquez Garced, el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark T. Rossini tienen sentencia señalada, después de varias posposiciones, para el 29 de enero ante la jueza Silvia Carreño Coll.

La sentencia ocurrirá después de la revelación de que la hija de Herrera Velutini, Isabel Herrera, realizó un donativo de $2.5 millones al súper PAC MAGA Inc. a fines de 2024, uno de varios conectados con determinaciones oficiales del presidente Donald Trump y su gobierno. Ese donativo, revelado por The New York Times, ocurrió meses antes de que Justicia federal realizara la negociación que resultó en que el caso grave de soborno que enfrentaba el trio se redujera a un cargo menos grave de tramitar un donativo por parte de un extranjero no naturalizado (el banquero). Luego, en julio de 2025, hizo otro donativo de $1 millón.

Los abogados de Vázquez Garced, -Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis A. Plaza-Mariota, Edgar Sánchez Mercado y Peter John Porrata-, se habían alejado de las influencias de Herrera Velutini en el desmoronamiento del caso argumentando que ellos hicieron una investigación que presentaron a Justicia central y que demostraba que no había delito. Ahora, vuelven a separarse del banquero enfatizando que a la exgobernadora se le quiere sentenciar tomando en cuenta una serie de gastos que se le atribuyen en el esquema de soborno, pero sobre los cuales los abogados argumentan que su clienta no tenía control.

En su moción del jueves, le plantean a la jueza que los fiscales violentaron el acuerdo de culpabilidad al intentar “conseguir una sentencia por un crimen que escogieron no procesar”. “Las violaciones de financiamiento de campaña y el soborno representan teorías legales mutuamente excluyentes. O se hizo un donativo para ayudar a una campaña, o era parte de un ‘esto por aquello’ corrupto que involucra un acto oficial. No puede ser las dos cosas”, añadieron.

Enfatizaron que la conducta por la que la exgobernadora se declaró culpable no siquiera es haber aceptado un donativo de Herrera Velutini, sino de “aceptar una promesa de donativo”. También que el acuerdo estipula que el valor de ese donativo prometido es entre $15,000 y $25,000, pero que la fiscalía quiere que se tomen en cuenta $620,000 gastos del banquero que estaban atados a los cargos de soborno. Esto incluye $353,410 pagados a CT Group para investigación de campo; $15,000 pagados a Rossini por servicios legales a un súper PAC que ayudaría a Vázquez Garced; $50,000 en consultoría del asesor Dane Waters para ese súper PAC; $100,000 en donativos que el banquero hizo para elecciones en la isla durante 2016; y $125,000 en donativos a dos súper PACs que apoyaban, respectivamente, al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia y al ex candidato popular Carlos Delgado Altieri. El pago a CT Group fue tramitado a través de la entidad Brittania, misma corporación de Reino Unido propiedad de Herrera Velutini mediante la que se tramitó el donativo a MAGA, Inc.

“(Ella) no controlaba a Herrera. Ella no dirigía sus gastos”, afirmaron al señalar también que no conocen de una sentencia de cárcel para el delito por el que la exfuncionaria se declaró culpable y que la intención de fiscalía de tener una sentencia que disuada el que otros funcionarios incurran en esta conducta está lograda con el hecho de que una exgobernadora se haya declarado culpable.

El equipo pidió específicamente que se retire formalmente la petición de sentencia de fiscalía o que se les instruya a someter una nueva recomendación que no haga referencia al caso anterior.

Vea:

Hija de Herrera Velutini hizo donativo millonario a MAGA antes de negociación favorable