La exgobernadora argumentó al Tribunal Supremo que el delito por el que se declaró culpable no debe activar la disciplina profesional.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced pidió al Tribunal Supremo que archive el procesamiento disciplinario que le inició tras declararse culpable en el foro federal, debido a que su trayectoria de casi 40 años en la profesión legal no lo amerita ni tampoco la naturaleza del delito menos grave por el que aceptó culpa.

En 2022, la fiscalía federal presentó delitos de soborno a Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente Mark Rossini por un esquema en el cual ella habría aceptado usar su poder como gobernadora para destituir al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, y designar a uno que el banquero quería, a cambio de que Herrera Velutini la apoyara en su campaña primarista.

En 2025, el trío aceptó culpa por el delito menos grave de tramitar un donativo político de parte de un extranjero no naturalizado (el banquero). Antes de la sentencia, el presidente Donald Trump emitió perdones presidenciales contra los tres para los dos casos, el original grave y el posterior menos grave. La fiscalía había pedido sentencia de cárcel por el delito menos grave.

En su petición al Supremo, Vázquez Garced resaltó que no ocurrió una condena, porque no llegó a ser sentenciada por el caso menos grave. También, que por ser menos grave, los criterios que el tribunal ha indicado que se toman en cuenta son si la conducta tiene que ver con la profesión legal y si implica “depravación moral”.

Su declaración de culpabilidad “se limitó estrictamente a estipular la aceptación de una promesa de contribución a (su) campaña, no sobre la recepción de fondos por ésta”, planteó en una de varias ocasiones en las que insistió que no recibió tal contribución.

Sin embargo, esto choca con la argumentación de la fiscalía que, específicamente para la fase de sentencia, detallaron que hay unos $620,000 en gastos de Herrera Velutini que están atados a apoyar a Vázquez Garced en su primaria, incluyendo encuestas, consultor político y creación de un comité de acción política. “(Ella) no controlaba a Herrera. Ella no dirigía sus gastos”, dijeron en esa ocasión sus abogados en el caso federal.

La solicitud al Alto Foro expone que sus abogados pudieron probar al Departamento de Justicia federal que no había sustento en la prueba para los cargos graves de soborno y que fue decisión de la oficina de fiscales federales en Puerto Rico archivar todos los cargos graves. Pero el récord del caso, y el público, contradicen esto. En varias instancias después de la negociación, la fiscalía local dijo que estaba lista para retomar el juicio por soborno y que el cambio de no ir a juicio fue de Justicia central. A la vez, hubo publicaciones no refutadas sobre la intervención directa del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en el descarrilamiento de esta causa. Blanche fue compañero de litigo del abogado de Herrera Velutini, Christopher Kise. Más recientemente, The New York Times reveló que la hija del banquero hizo donativos por un total de $3.5 millones a favor de un comité de acción política identificado por Trump, MAGA, Inc.

“La Fiscalía Federal nunca derrotó la presunción de inocencia, la cual ella siempre reclamó”, dijeron sus abogados en el procesamiento ético, José Andréu Fuentes y el exjuez asociado Edgardo Rivera García. La ceremonia de retiro de Rivera García el año pasado fue la última comparecencia pública de Vázquez Garced no relacionada con sus casos criminales. Por su parte, Andréu Fuentes es abogado de Fahad Ghaffar, el inversionista residente que fue uno de los principales cooperadores del gobierno contra la exgobernadora.

“El éxito de la licenciada Vázquez Garced es inseparable de su verticalidad moral… su carrera es un testimonio de integridad y resultados sostenibles a través del tiempo”, añadieron al detallar su trayectoria profesional desde que fue admitida al ejercicio de la profesión legal en 1987.

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