Aunque Jenniffer González insiste en que la nueva ley fortalece el acceso a la información pública, periodistas y organizaciones civiles advierten que las enmiendas llegan tras meses de denuncias por bloqueo informativo.

La gobernadora Jenniffer González Colón defendió la firma del Proyecto del Senado 63, ahora Ley 156-2025, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, al rechazar que la medida represente un retroceso en el derecho ciudadano a acceder a datos gubernamentales, pese a la oposición sostenida de sectores periodísticos, organizaciones civiles, abogados y legisladores de minoría.

Durante un intercambio con la prensa, la mandataria argumentó que los señalamientos de dilación en la entrega de información responden a la complejidad administrativa del aparato gubernamental y al volumen de documentos solicitados.

“Esto no es que aprietas un botón y esa información sale”, sostuvo González Colón al explicar que múltiples peticiones requieren trabajo manual y coordinación entre varias agencias.

Según la gobernadora, las enmiendas impulsadas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, “dan en el clavo” al establecer procesos más claros para las solicitudes de información y, a su juicio, no solo no limitan el acceso, sino que fortalecen el rol de la prensa.

“No se está prohibiendo. Al revés, se está analizando cómo se va a pedir la información y dándole prioridad a la prensa para que pueda solicitarla”, afirmó.

González Colón también justificó la ampliación de los términos de entrega al señalar que, bajo la ley anterior, las agencias frecuentemente incumplían los plazos y se veían forzadas a acudir al Departamento de Justicia o a los tribunales para solicitar extensiones.

“Como está la ley, es imposible tú decir que tienes uno, dos o diez días para entregar información”, expresó, al indicar que la cantidad de solicitantes y la participación de múltiples dependencias hacen inviable un término rígido.

Al ser cuestionada sobre las penalidades por incumplimiento y sobre las críticas que catalogan la ley como un retroceso, la gobernadora respondió que esos mecanismos “se irán viendo sobre la marcha” y aseguró que el proyecto fue evaluado a fondo con el Departamento de Justicia, cuyas recomendaciones —según dijo— avalaron la medida. También sostuvo que muchos de los sectores que hoy se oponen a las enmiendas fueron los mismos que rechazaron la ley original de transparencia.

Sin embargo, la defensa del Ejecutivo ocurre en un contexto en el que la relación entre el gobierno y la prensa ya venía marcada por tensiones.

Desde mayo de 2025, periodistas habían denunciado públicamente la falta de acceso a información pública, convocatorias selectivas, correos sin respuesta y la práctica recurrente de remitir solicitudes a la Ley de Transparencia como única vía para obtener datos que reconocen como públicos.

Durante una conferencia celebrada ese mes, en la que La Fortaleza presentó el espacio “En el Récord” como una iniciativa para ampliar la rendición de cuentas, varios miembros de la prensa cuestionaron la efectividad real de esas dinámicas.

“No siempre el que se haga una conferencia de prensa es sinónimo de transparencia”, reclamaron entonces, al denunciar que las agendas eran controladas, el tiempo para preguntas limitado y temas urgentes evitados.

Fue en ese escenario previo que, el 14 de diciembre de 2025, la gobernadora firmó el PS 63 como parte de un paquete legislativo, pese al rechazo de organizaciones como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, así como de sectores académicos, estudiantiles y legisladores de minoría. Ninguna de las recomendaciones presentadas por estos grupos fue incorporada al texto final.

Las enmiendas aprobadas amplían los plazos de entrega de información a 20 días laborables para documentos de hasta 300 páginas o con menos de tres años de antigüedad, y hasta 30 días para solicitudes más extensas o antiguas, con la posibilidad de extensiones adicionales. Además, eliminan la obligación de entregar los documentos en el formato solicitado, autorizan a exigir datos personales y permiten que las agencias obliguen a revisar documentos en persona durante un solo día, en lugar de proveer copias.

Estas disposiciones fueron calificadas por críticos como un endurecimiento del acceso a la información pública. El secretario general del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, sostuvo que la ley “reduce las garantías de fiscalización pública”, mientras la presidenta del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Arrigoitía, afirmó que la firma envía el mensaje de que el gobierno busca imponer trabas al derecho a la información o que careció de liderato para enfrentar la medida.

Desde el Ejecutivo, no obstante, se insiste en que la Ley 156-2025 no restringe derechos, sino que ordena los procesos y evita litigios innecesarios. La gobernadora reiteró que su determinación responde a criterios legales y administrativos, y defendió que la ley garantiza penalidades y mecanismos suficientes para exigir cumplimiento.

Aun así, la controversia refleja un choque persistente entre la narrativa oficial de apertura y la experiencia denunciada por periodistas y organizaciones civiles, que advierten que la ampliación de plazos y nuevas condiciones podrían normalizar la dilación en la entrega de información en momentos en que la fiscalización pública resulta crucial. Con la ley ya en vigor, el debate sobre si las enmiendas fortalecen o debilitan la transparencia gubernamental permanece abierto.