A pesar de los reclamos de la familia y de un recurso judicial en curso, el gobierno continuó sin aclarar sobre el paradero de Miriathny Dyalian Avilés Rodríguez, hermanastra de Anthonieska Avilés, un caso que ha generado atención pública y legal, pero que sigue rodeado de evasivas oficiales y ausencia de información concreta.

Cuestionada directamente sobre el paradero de la joven, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, evitó responder si las autoridades saben dónde está, con quién se encuentra o si fue ubicada en algún lugar específico. En su lugar, se limitó a acogerse a expresiones previas del Departamento de Justicia y a recalcar que se trata de un “caso de alto perfil”, tanto público como jurídico.

Roig Fuertes reiteró que, según Justicia, ninguna agencia gubernamental tiene custodia de la joven, al tiempo que insistió en que no existe razón alguna para que el Estado intervenga en la situación. Sin embargo, ante preguntas insistentes de la prensa sobre el reclamo de la familia —que asegura no saber dónde está la joven—, la funcionaria evitó confirmar o negar si el gobierno conoce su paradero.

“En el mejor interés del caso me voy a limitar a no contestar”, sostuvo Roig Fuertes, al alegar que ofrecer detalles podría afectar el debido proceso y el desarrollo justo del caso.

Asimismo, indicó que cualquier información adicional será divulgada únicamente cuando el Departamento de Justicia y los fiscales lo entiendan prudente.

En esa misma línea se expresó el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, quien también evitó precisar si el gobierno conoce el paradero de la joven o bajo qué circunstancias se encuentra. El funcionario reiteró que se trata de un caso “de alto perfil”, no solo público, sino también jurídico, y que por esa razón el Ejecutivo no entrará en detalles.

Roig Fuertes sostuvo que el gobierno se acoge plenamente a las expresiones emitidas por el Departamento de Justicia y recalcó que, al tratarse de una joven de 18 años, no existe razón presentada hasta el momento para que el Estado intervenga. Asimismo, reconoció que hay un señalamiento de que la joven no desea regresar a su hogar, pero evitó abundar sobre si esa alegación fue investigada, verificada o atendida por alguna agencia.

El silencio oficial ocurre mientras la madre de la joven radicó un mandamus contra la Policía y el Estado, alegando que se le ha ocultado información esencial sobre el paradero de su hija. Previamente, también se había presentado un recurso de habeas corpus para reclamar que la joven fuera entregada a su familia, solicitud que fue acogida por el tribunal, aunque aún no se ha precisado dónde se encuentra ni bajo la custodia de quién.

Ante preguntas directas sobre si la joven está en Puerto Rico, fuera de la Isla o bajo el cuidado de algún familiar, Peña Payano insistió en que “en su momento se estarán contestando” las denuncias y señalamientos, y reiteró que el gobierno no hará expresiones que puedan influenciar indebidamente el caso.

Mientras tanto, la postura oficial se mantiene sin cambios, dejando a la familia y a la opinión pública con más preguntas que respuestas sobre el paradero de la joven y el rol —o la falta de este— de las autoridades en un caso que continúa desarrollándose en los tribunales.

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