Existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó hoy que el Departamento de Justicia remitió una comunicación oficial a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), en la cual se recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en relación con las actuaciones imputadas a la entonces presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika D. Padilla Rivera.

Como parte de la política de divulgación de información pública y en cumplimiento con la Ley Núm. 2-1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, durante la mañana de hoy se notificó al Panel la determinación adoptada tras la culminación de la investigación preliminar. Asimismo, se informó de esta recomendación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina del Inspector General, entidades que refirieron el asunto investigado al Departamento de Justicia, así como a la jueza Jessika D. Padilla Rivera.

Por su parte, la directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), Lcda. Sonia I. Martínez Ortiz, explicó que la investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició luego de que, el 29 de mayo de 2025, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, presentara un referido por un posible uso indebido de fondos públicos por parte de la CEE, relacionado con el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos durante el mes de abril de 2025. Como parte de dicha investigación, también se evaluó el Informe OIG-QI-26-004 preparado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.

Los señalamientos fueron analizados conforme a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico, la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y la Ley Núm. 2-1988, que rige los procedimientos ante la OPFEI.

Luego de completar el análisis de la prueba recopilada, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que la entonces presidenta alterna de la CEE incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico. Asimismo, se determinó que existe causa suficiente para creer que incurrió en la conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

La secretaria de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC y remitió a la OPFEI el informe correspondiente a la investigación preliminar. En consecuencia, se recomendó al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente.

Debido a que el asunto se encuentra actualmente bajo la consideración de la OPFEI, la secretaria de Justicia y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán declaraciones adicionales sobre este caso.