Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación (JP), subrayó que la emigración puertorriqueña no responde exclusivamente a factores económicos.

La reciente discusión sobre el proyecto de la Cámara que busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, ha puesto de manifiesto cómo la baja tasa de natalidad y el aumento de la mortalidad se han convertido en talón de Aquiles para la economía puertorriqueña, limitando su capacidad de crecimiento y estabilidad.

Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación (JP), subrayó que la emigración puertorriqueña no responde exclusivamente a factores económicos. Según Morales, la calidad de vida —que incluye economía, educación, salud, servicios y seguridad— es el principal motor que impulsa a los ciudadanos a buscar nuevos horizontes. “Eso es lo que hace que una persona se sienta cómoda en donde está”, recalcó.

Morales utilizó el ejemplo de la pandemia para identificar necesidades y realizar recomendaciones, anticipando que en una década se verán reflejados los efectos de estos fenómenos en la sociedad puertorriqueña. Estableció además que, aunque Puerto Rico ha sufrido una reducción poblacional, existen municipios como Bayamón, Dorado, Carolina y San Juan que han logrado incrementos.

“La gente no se va de Bayamón, la gente no se va de Dorado. Llega a Dorado, llega a Carolina, a San Juan. Pues yo pienso que lo que tenemos que ver es cuáles son esas fórmulas para que mantengamos constante ese crecimiento poblacional”, exhortó.

El análisis de la JP se presentó tras la exposición de datos concretos sobre el impacto fiscal que podrían tener los cambios propuestos como parte del Proyecto de la Cámara 1014 para una nueva reforma contributiva en discusión. 

Morales Martínez, en su comparecencia, resaltó que Puerto Rico se enfrenta al reto de sostener y ampliar su crecimiento económico en medio de presiones inflacionarias y cambios en los hábitos de consumo. Para ello, insistió en que “el impacto dinámico de una reforma contributiva debe traducirse con agilidad en mayor actividad productiva, recaudos más sólidos y un entorno más propicio para futuras iniciativas de política pública”.

La ponencia de la JP explicó que el análisis técnico se realizó a través de la Matriz de Insumo-Producto 2017 y un marco de simulaciones que permite traducir los cambios contributivos en variaciones de la demanda final, estimando sus efectos directos, indirectos e inducidos sobre la actividad económica.

Según los cálculos, una inyección de $550 millones a la demanda agregada a través de la reforma tendría un impacto total de $1,413 millones en producción local, generando 9,139 empleos y $388.9 millones en ingreso salarial, lo que representa un 1.12% del producto interno bruto (PIB) de la isla. 

“Cada dólar dejado de recaudar por el Gobierno se transforma en $2.57 de nueva actividad económica”, enfatizó Morales.

Se estima que la propuesta beneficiaría a más de 790,000 familias, es decir, al 99.8% de los contribuyentes, especialmente a la clase media y trabajadora. También favorecería a personas con ingresos bajos entre $15,000 y $16,000 dólares, quienes quedarían exentos del pago de impuestos sobre ingresos. 

Mientras que un matrimonio con ingresos de $80,000, por ejemplo, podría ahorrar de media $1,910 anuales, lo que supone una inyección extra de $159 mensuales al poder adquisitivo del hogar.

Sin embargo, la representante Gretchen Hau puso sobre la mesa la necesidad de considerar entre las simulaciones representaciones de otros modelos sociales como personas solteras o parejas sin hijos. Por lo que se solicitó a la JP presentar dichas proyecciones a la Comisión.

Morales Martínez insistió en que “la evaluación de medidas de alivio contributivo adquiere relevancia en un contexto donde el ingreso real de los hogares ha estado presionado por la inflación, lo que convierte esta reforma en una herramienta para fortalecer la demanda agregada, apoyar el consumo interno y dinamizar sectores claves de la economía”.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio respaldó la medida y coincidió con la JP en que “la reducción de estas tasas no solo de verse como alivio contributivo, sino como una herramienta de desarrollo con potencial para impulsar el crecimiento de la economía, fortalecer el mercado laboral y promover la retención de capital humano”. 

“Parte de nuestra estrategia ha sido traer de vuelta a Puerto Rico la manufactura que se había perdido y que gracias a las políticas federales y estatales estamos trayendo de regreso. Cuando nosotros pensamos en el rol que estas expansiones tienen en Puerto Rico, estamos hablando de que no es solo la exposición que le está dando la isla. A nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, está indicando de que la Isla está de vuelta como ‘powerhouse’ de fuerte de manufactura, sino también las ramificaciones económicas que tiene en la inversión de capital que van a hacer las empresas”, agregó. 

En 2025, el DDEC anunció $2.2 billones en inversión que representa 17 empresas (en expansiones o nuevos establecimientos en la Isla), y más de 4,000 empleos comprometidos para crearse. 

“Muchos de estos empleos, especialmente los que tienen que ver con el renglón de construcción, para construir estas nuevas fábricas, están en este renglón. Estamos hablando de que nosotros necesitamos reclutar miles de empleados puertorriqueños para que puedan hacer el trabajo para que Puerto Rico pueda seguir produciendo y exportando. Eso tiene un ciclo económico de gran impacto. Y esos empleos que se crearían serían empleos que entrarían con estas nuevas tasas que dejaría y permitiría más dinero en el bolsillo de estos trabajadores”. 

Explicó que esto impacta no sólo a los trabajadores con ingresos de $40 a $60 mil, sino los de $60 a $100 mil, que incluye profesionales en el campo de los ingenieros, tecnólogos y otros especialistas de las farmacéuticas y en las plantas de dispositivos médicos. 

“Estas escalas son importantes porque cuando las empresas están mirando dónde establecerse, miran el tipo de empleado o empleada que necesita y miran las tasas contributivas que esos empleados pagan, porque quieren tener empleados contentos que aporten a la empresa, a la comunidad. Así que por eso es tan importante este cambio que ustedes tienen ante ustedes pueden tener unas ramificaciones importantísimas a la hora de que más empresas escojan Puerto Rico. Estamos hablando de que esto es una manera de seguir acelerando que la economía de Puerto Rico pueda seguir creciendo y pueda seguir creciendo en las áreas de competencia que nosotros tenemos”, sconcluyó.

Los representantes Ángel Morey Noble, Joel Franqui Atiles, Víctor Parés Otero, Nellie Lebrón Robles, Lissie Burgos, Gabriel Rodríguez Aguiló, Pedro «Pellé» Santiago y José Aponte Hernández participaron de la conversación.