“Me mataron a Robert. Lo mandaron a matar. Lo dije, se lo dije a las fiscales. Y Robert lo sabía, que lo querían matar”, gritaba Moshayra Vicente, viuda de Robert Viqueira.

“Me lo mandaron a matar”. Con la voz quebrada y entre las lágrimas, Moshayra Vicente, viuda del biólogo Roberto Viqueira Ríos, se desmoronó ayer frente a la sala 405 del Centro Judicial de Ponce tras escuchar el veredicto de no culpabilidad del matador de su esposo, Eduardo Meléndez Velázquez.

La conmoción se desató después de que el juez Ángel Llavona Folguera declarara “no culpable” a Meléndez Velázquez, contra quien pesaban cargos de asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas, por los acontecimientos del 15 de julio de 2025 en la urbanización Estancias de Yidomar, Yauco. Una disputa vecinal que desembocó en una tragedia.

Vicente insistía en la gravedad de lo ocurrido. “La verdad es la verdad. Y yo sé lo que pasó porque yo estaba ahí y Robert estaba ahí. Y lo que pasó es que tenemos a un hostigador como vecino”, dijo la mujer en el suelo mientras el eco de su dolor retumbaba por los pasillos. “Me lo mandaron a matar, por encargo. Robert lo sabía y me lo dijo en el gazebo de mi casa”, continúo repitiendo las palabras que, según ella, su difunto esposo le confió, señalando el temor que sentían ante una amenaza.

Que se sepa, fue la primera vez que la mujer alegaba que alguien que presuntamente no fue Meléndez Velázquez, era el responsable intelectual del crimen.

Vicente expresó, además, que no se iría del hogar por el cual su esposo Robert murió. Meléndez Velázquez ahora puede regresar a su casa.

La desesperación por la pérdida la mantenía gritando una y otra vez, “me mataron a Robert. Lo mandaron a matar. Lo dije, se lo dije a las fiscales. Y Robert lo sabía, que lo querían matar”.

Durante la jornada judicial se presentaron pruebas testimoniales, fílmicas y fotográficas, incluyendo una bocina y grabación que evidenciaba el sonido de coquíes que reclamaba la familia Viqueira Vicente.

“Cuando descubrimos esos coquíes, Robert dijo: ‘Esto es algo sofisticado. ¿Qué es eso? Eso es un mecanismo de tortura. Este tipo vino a matar. Ese tipo no es bueno. Mosha, vamos a llamar al abogado”, continuó relatando Vicente, visiblemente afectada, sobre el ambiente de tensión que se vivía su familia.

La viuda mencionó a los abogados Méndez y Legna Morales, expresando su frustración: “La sangre de Robert está en sus manos. Los llamamos y les dijimos lo que estaba pasando. Íbamos a resolver este problema… Y estábamos en ese proceso. Cuando pasan los coquíes premeditados. Me lo mandaron a matar. Y ahora lo entiendo todo”, concluyó.

La jornada judicial se extendió durante 12 días, donde desfilaron 32 testigos (24 presenciales y ocho que fueron por estipulación) y uno que se descartó porque obviamente era prueba acumulativa. 

Según dejó entrever el juez previo al veredicto, la decisión se basó en el argumento de legítima defensa, al indicar que la ley de armas abarca tanto las armas de fuego como las armas blancas.

“Un arma blanca es algo que se utilice para otros fines que no sean para los que fueron diseñados. Las piedras no están diseñadas para ser lanzadas a otra propiedad, ni a personas”, dijo. 

De otro lado, Llavona argumentó que las disputas vecinales se dirimen a través de la Ley 140. 

“Lo que sí no está permitido es que nadie, nadie en la ley está autorizado a tomarse la justicia en sus manos. Eso no se puede hacer y eso no debe haber ninguna controversia porque ocurren estas cosas. Estas cosas hay que llamar a la Policía. La víctima en este caso tomó la mala decisión de tomarse la ley en sus manos, por las razones que sea, perdió la paciencia, se cansó. Lamentablemente, y tengo que decir lamentablemente, porque quisiera que estuviera esa persona viva, decidió resolver esa controversia sin acudir a las autoridades”, expresó Llavona Folguera al cierre de la audiencia.

Estas palabras provocaron un ataque de nervios en la esposa de la víctima quien tuvo que ser llevada fuera de sala, al reclamar entre gritos “fuimos al tribunal y no nos hicieron caso”.