La ordenanza municipal aprobada en octubre de 2024 elevaba, entre otras cosas, el umbral para requerir subasta pública en obras o mejoras públicas por contrato.

El alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, informó que el municipio ya remitió su contestación oficial al requerimiento formulado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico en torno a la implantación de las Leyes 141-2024 y 215-2024 y las disposiciones municipales relacionadas.

La comunicación de la Junta, fechada el 17 de abril de 2026, solicitó a varios municipios información sobre ordenanzas, reglamentos, contratos, subastas, solicitudes de propuestas y compras relacionadas con la posible implantación de dichas leyes.

En su respuesta, el Municipio Autónomo de Dorado dejó establecido que, aunque en el año 2024 fue
aprobada una ordenanza para atemperar el Reglamento de Subastas y Solicitud de Propuestas del
municipio a los cambios introducidos por la Ley 141-2024, el municipio optó por no implementar dicha
enmienda ante las controversias y versiones encontradas que surgieron públicamente entre la Junta de
Supervisión Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico y distintos alcaldes sobre la validez y aplicación de las
Leyes 141-2024 y 215-2024.

La ordenanza municipal aprobada en octubre de 2024 elevaba, entre otras cosas, el umbral para requerir subasta pública en obras o mejoras públicas por contrato.

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El alcalde Aníbal José Torres sostuvo que la administración municipal actuó con prudencia y responsabilidad, asegurando que ningún proceso de contratación pública se apartara del
marco legal previamente vigente.

“El Municipio Autónomo de Dorado actuó con seriedad, prudencia y sentido de responsabilidad.
Aunque se aprobó una ordenanza para atemperar nuestro reglamento a la legislación aprobada en aquel
momento, impartimos instrucciones para que esa enmienda no se aplicara hasta tanto existiera claridad
jurídica y administrativa sobre el tema. En Dorado no se otorgó ningún contrato, no se adjudicó ninguna
subasta, solicitud de propuestas o compra al amparo de esos cambios”, expresó el alcalde.

“Nuestra obligación es proteger el interés público, el buen uso de los fondos municipales y la integridad
de los procesos de compras y contratación. Precisamente por eso, Dorado mantuvo vigentes los
parámetros previos y actuó con cautela mientras se atendían las diferencias y señalamientos en torno a
estas leyes”, añadió.

La Junta de Supervisión Fiscal señaló en su comunicación que las Leyes 141-2024 y 215-2024 no
debían ser implementadas por los municipios sin que antes se completara el proceso correspondiente
bajo PROMESA y se determinara su compatibilidad con los planes fiscales certificados. También
requirió que se detuvieran y revirtieran acciones encaminadas a implantarlas.