[OPINIÓN]

En una pugna por acceso a la información que lleva ya más de dos años activa, la Junta de Control Fiscal (JCF) argumentó ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que no ha entregado información pública al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que no se sepa qué políticos aceptan reducciones de servicios.

Este y otros argumentos de la JCF están contenidos en una moción con la que buscan desestimar el segundo pleito que les sometió el CPI para conseguir acceso a las comunicaciones entre ese ente y el Gobierno de Puerto Rico. Este pleito ocurre a la vez que el ente rector de las finanzas del país dilata la entrega de 22,000 documentos (de un total de 40,000) que reconocieron que obran en sus expedientes y que se ajustan a la solicitud que hizo el CPI.

La entrega de las primeras decenas de miles de documentos sirvió para fundamentar varias historias sobre las comunicaciones de la Junta con entes del gobierno local y el federal recogidas en la serie ‘Los emails de la Junta‘. Incluso, algunas revelaciones fueron mencionadas por la jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, en la vista del 15 de octubre pasado en la que ese foro discutió la constitucionalidad de los miembros de la Junta, para establecer que habría control de la estructura federal a través del Congreso sobre los miembros de la Junta.

El pleito de 2017 cubría una solicitud de los documentos de la Junta hasta el 30 de abril de 2018, un límite al que el CPI accedió bajo el supuesto de que la Junta cumpliría con el mandato del juez federal Jay García Gregory, emitido el 4 de mayo de 2018. García estableció que al ente le aplica el derecho constitucional de acceso a la información que la Constitución del Estado Libre Asociado le reconoce a sus ciudadanos y, por tanto, tenían que entregar los documentos solicitados por el CPI.

La Junta paralizó la entrega de documentos en un intento por desentenderse de la orden del juez federal, por lo que el CPI hizo una segunda reclamación de documentos que cubría del 1 de mayo de 2018 en adelante.

Es en esta segunda reclamación que la Junta ha puesto sobre la mesa su intención de desentenderse de la obligación que le impuso García Gregory y su pretensión de volver a litigar los puntos constitucionales que ya el juez había resuelto en su orden.

Además, es en esta etapa del litigio que la Junta presentó sus argumentos de que la Ley PROMESA que viabiliza la existencia del ente y ordena el proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico les permite conducir sus trabajos como entiendan apropiado y que ‘la Junta quiere conducir sus operaciones de manera que no se publiquen comunicaciones sensitivas entre ella y los gobiernos federal o local’.

‘Como ejemplo simple, qué oficial gubernamental que corre para la reelección quisiera que el público lo viera consintiendo a cualquier reducción de servicios públicos?… Similarmente, qué miembro de la Junta quisiera que cualquier parte con interés lo viera enfatizando al gobierno federal algunas necesidades de Puerto Rico por encima de otras?’, añadieron en su moción a la jueza federal Aida Delgado Colón para que el segundo pleito del CPI sea desestimado.

La representación legal del CPI, compuesta por Judith Berkan y Steven Lausell, presentó rechazo a la desestimación y una solicitud para que los casos no solo sean consolidados sino también para que el segundo caso sea manejado bajo los parámetros que ya el juez García Gregory estableció en el primero y que imponen a la Junta la obligación de divulgar los documentos solicitados o plantear, uno por uno, por qué no deberían divulgarse. De hecho, en el primer caso hay una moción del CPI para hallar a la Junta incursa en desacato que está pendiente de resolución desde enero de 2019.

El CPI también señaló al juez tácticas que la Junta ha empleado en el litigio que lo encarecen y que implican el gasto festinado de fondos públicos. Por ejemplo, la solicitud que hizo el CPI para la segunda producción de documentos no fue contestada por personal clerical de la Junta sino por uno de sus abogados externos. En esta segunda reclamación han comparecido cinco abogados externos de la Junta; cuatro de ellos son los mismos cuatro que atendieron el primer caso y están presentando a Delgado Colón los mismos argumentos que ya García Gregory atendió. Todos pagos con dinero público.

‘La Junta está declarando que el interés de un oficial gubernamental de alcanzar la reelección es más importante que el derecho de la ciudadanía a conocer qué es lo que el oficial gubernamental está haciendo. La (JCF), que ejerce poder extraordinario en Puerto Rico, está diciendo que el interés de la ciudadanía en saber qué está pasando y su impacto en nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos debe ceder a los intereses personales de los miembros de la Junta. Esos argumentos simplemente le roban a uno el aliento. Degradan la seriedad de los asuntos que enfrenta Puerto Rico en esta coyuntura crítica’, argumentó Berkan a Delgado Colón en la moción en oposición a la desestimación.

*El autor es Coordinador de Transparencia en el Centro de Periodismo Investigativo y Editor Jefe de NotiCel.