El Congreso retira más de $1,000 millones en fondos federales a la Corporación de Radiodifusión Pública.

La decisión del Congreso de Estados Unidos de retirar la financiación gubernamental que ya había destinado a los dos principales medios públicos del país, la Radio Nacional Pública (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), supondrá un golpe «devastador» para las radios y canales de televisión locales, en especial aquellos que atienden a comunidades pequeñas y rurales.

La medida se incluye en un paquete de recortes de unos $9,000 millones a la ayuda exterior y la comunicación pública promovido por la Administración del presidente Donald Trump y aprobado en la madrugada de este viernes por la Cámara Baja de mayoría republicana.

En concreto, retira más de $1,000 millones en fondos federales a la Cooperación de Radiodifusión Pública (CPB, en inglés), responsable de la financiación de NPR y PBS.

La CBP es responsable de subsidiar más de 1,500 estaciones de radio y televisión afiliadas de NPR y PBS en todo el país.

De estas, las que notarán un impacto mayor por la falta de financiación e incluso podrían verse obligadas a cerrar en algunos casos son las cadenas que están en localidades con poca población, zonas rurales y comunidades indígenas, según señaló la consejera delegada de CBP, Patricia Harrison, en un comunicado.

«Los padres tendrán acceso a menos recursos educativos de calidad para sus hijos. Millones de estadounidenses dispondrán de menos información confiable sobre sus comunidades, sus estados, el país y el mundo, lo que dificultará que tomen decisiones informadas sobre su calidad de vida», indicó.

Según un análisis de la firma Public Media Company, citado por el diario The New York Times, más de 100 estaciones pequeñas se verán forzadas a cerrar cuando los recortes entren en vigor.

A su vez, la falta de dinero también forzará a las estaciones locales a comprar menos de la programación que se produce en las cadenas NPR y PBS nacionales, lo cual reducirá aún más el presupuesto con el que operan.

Si bien la financiación federal representa «solo el 1% de los ingresos de NPR, las cuotas de las emisoras afiliadas constituyen un 30%», según publicó la radio pública en mayo.

La presidenta de la PBS, Paula Kerger, indicó en un comunicado que la decisión del Congreso va «en contra de la voluntad de los estadounidenses» y aseguró que tendrá un efecto «devastador» en las radios y televisoras pequeñas.

«Muchas de nuestras estaciones, que ofrecen programación local única y alertas de emergencia de forma gratuita, ahora se verán obligadas a tomar decisiones difíciles en las próximas semanas y meses», agregó.

Por su parte, la consejera delegada de NPR, Katherine Maher, recordó que «tres de cada cuatro estadounidenses dependen de las estaciones de radio públicas para recibir alertas de emergencia y noticias que impactan su seguridad pública».

Otros gobiernos conservadores en el pasado han intentado congelar con la financiación de NPR y PBS. Recientemente, voces conservadoras como el centro de pensamiento CATO han argumentado que el Estado no debe financiar los medios públicos, asegurando que los servicios de comunicación deben adaptarse y seguir las lógicas capitalistas del mercado.

«No quisiéramos que el gobierno federal publicara un periódico nacional», declaró David Boaz, de CATO, ante el Congreso en 2005. «Tampoco deberíamos tener una cadena de televisión y una emisora de radio del gobierno».

No obstante, el argumento de Trump y los legisladores republicanos es ideológico: aseguran que tanto PBS como NPR tienen una línea editorial de izquierda «radical», llegando a calificarlo a su contenido como «propaganda».

El mandatario también ha acusado de «sesgo izquierdista» a la radiodifusora internacional Voice of America, que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial sirvió como ejemplo de ‘poder blando’ estadounidense en el mundo, y ha ordenado el retiro de fondos federales y su desmantelamiento a mínimos, como parte de sus ataques a instituciones culturales y universidades.