Con una mayoría conservadora de 6 a 3, el tribunal aceptó escuchar los argumentos sobre el polémico decreto, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución.

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos pareció alinearse este jueves con la Administración de Donald Trump en su petición de levantar los bloqueos en tribunales menores al intento de limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que podría repercutir en el futuro a las demandas contra próximos decretos presidenciales.

Con una mayoría conservadora de 6 a 3, el tribunal aceptó escuchar los argumentos sobre el polémico decreto, que busca restringir el derecho automático de ciudadanía estadounidense establecido en la Constitución y negarlo a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

Durante la vista de casi tres horas, el ala conservadora de la corte dio indicios de que podría ponerse del lado del Gobierno en cuanto al alcance de los bloqueos judiciales, aunque pareció escéptica en cuanto a la constitucionalidad del decreto en sí.

El Supremo, con sede en Washington, analizó cuestiones técnicas sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo, que trajo esta cuestión ante la corte en una petición de emergencia.

También debatió sobre si estos bloqueos deben circunscribirse solo a los demandantes nombrados en los casos, lo que podría abrir la puerta a que se necesiten miles de demandas individuales para hacer cumplir una sentencia, algo que «no tiene sentido», según la jueza liberal Sonia Sotomayor.

Específicamente, los magistrados evaluaron la impugnación a la orden de Trump por parte de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron, en fallos separados, que el presidente no puede cambiar o limitar la Constitución, por lo que ordenaron un bloqueo temporal a nivel nacional mientras se resuelve el caso.

Varios miembros conservadores de la Corte, entre ellos el presidente del Supremo, John Roberts, sugirieron que podría haber mejores maneras de impugnar el decreto, en lo que podría ser un indicativo de que se alinean con el argumento del Gobierno de que los tribunales menores excedieron su autoridad al bloquear la orden de Trump.

El propio Roberts indicó repetidamente que estaría dispuesto a que la corte evalúe «con la debida celeridad» los fundamentos y la constitucionalidad del decreto presidencial, que aunque no fue el centro de la sesión sí provocó reacciones de varios jueces.

La magistrada Sotomayor dijo que la orden de Trump viola cuatro precedentes de la propia Corte Suprema, mientras que la también liberal Elena Kagan afirmó que «limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento podría potencialmente dejar a miles de futuros niños nacidos en los EE.UU ‘apátridas'».

Uno de los votos clave en esta decisión podría ser la jueza Amy Coney Barrett, designada por Trump, quien cuestionó el porqué el Gobierno pidió al Supremo evaluar cuestiones técnicas y no los fundamentos del decreto en sí.

Unos 255.000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.

Limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes irregulares era una de las promesas de campaña del republicano, que regresó al poder en enero con una redoblada política migratoria de mano dura. Trump firmó la orden el mismo día en que asumió su segundo mandato.

El mandatario defendió este jueves su posición diciendo que se trata de una cláusula aprobada tras la guerra civil para proteger a los «hijos de los esclavos» y no para «quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía» estadounidense, un argumento que los abogados del Gobierno repitieron durante la visita.

Fuera del tribunal, centenares de personas se concentraron para reivindicar que «la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional», entre ellos la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi; el líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, y otros legisladores demócratas.

«El Gobierno está intentando revocar un derecho fundamental que dice que si tienes hijos aquí, esos hijos son ciudadanos estadounidenses», dijo a EFE Ama Frimpong, directora legal de CASA, una de las principales organizaciones de defensa de los inmigrantes en el país, cuya demanda se debatió hoy en el Supremo.

«Si le niegan la ciudadanía a un recién nacido, ¿A dónde sería deportado? Legalmente uno es deportado a su país de origen, lo cual sería este mismo. No tiene sentido. ¿Habría familias en las que unos hijos tendrían la ciudadanía y otros no?», planteó por su parte Juan Pachón, vicepresidente del grupo promigrante Forward.us.

El Supremo no emitirá una decisión sobre la vista hasta fines de junio o principios de julio, aunque, según analistas, la inusual y delicada naturaleza del caso podría llevar a adelantar la fecha de publicación.