Pide que sean implementadas nuevamente las medidas que impuso la administración Trump

El estado de Florida entabló este martes una demanda contra la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, por la política migratoria conocida como «catch and release» (atrapar y liberar), que permite dejar en libertad a los indocumentados que fueron detenidos tras cruzar la frontera.

«Las ilegales políticas fronterizas de la administración Biden causan daños» a los «intereses cuasisoberanos» de este estado al obligarlo a «incurrir en gastos de millones de dólares», subraya la demanda, presentada por la fiscal estatal, Ashley Moody, en una corte federal en Pensacola, norte de Florida.

«Queremos que sean reinstauradas las políticas predecesoras» del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) en materia migratoria, dijo hoy el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una rueda de prensa en la que criticó las que considera «destructivas políticas migratorias» y «de fronteras abiertas».

El gobernador dijo que desde que el demócrata Biden asumió la Presidencia en enero pasado la Patrulla Fronteriza «ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes ilegales» en el país.

«Es absolutamente una crisis», manifestó DeSantis, quien aprovechó la rueda de prensa para anunciar la designación del exfiscal federal Larry Keefe como el nuevo «zar» estatal de Seguridad Pública.

DeSantis dijo que la crisis ha sido creada tras la eliminación de políticas migratorias como «Permanecer en México» instaurada en 2019 por el republicano Trump, su padrino político, actualmente motivo de una batalla judicial, y por la que unos 70,000 migrantes fueron obligados a esperar en el país vecino el desarrollo de sus pedidos de asilo.

El gobernador dijo hoy que muchos de esos solicitantes de asilo «ni siquiera califican» para ello, y más bien los números «hablan por sí solos».

Crisis en la frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reveló este mes que en agosto pasado fueron aprehendidos más de 208,000 indocumentados en la frontera sur de EE.UU., un 2% menos que los más de 212,000 de julio, cuando se alcanzó el mayor pico de los últimos 20 años.

El gobernador señaló que en julio más de 60,000 extranjeros ilegales fueron detenidos y posteriormente liberados por la Patrulla Fronteriza, un «gigantesco aumento» respecto a los 1,324 en esta categoría que fueron liberados en enero.

Agregó que en el último mes completo de la Administración Trump solo fueron liberadas 17 personas que entraban en esa categoría.

La demanda es contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias subordinadas como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como al propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien DeSantis, como recordó hoy, le pidió el pasado mes que restablezca las políticas migratorias de Trump.

La fiscal Moody manifestó que Florida gasta cada año unos 100 millones de dólares por «encarcelar a indocumentados», además de otros montos añadidos y que están relacionados a servicios sociales.

«Los carteles de drogas están teniendo un picnic, están viendo aumentar sus ganancias», exclamó Moody.

En la conferencia, DeSantis anunció la firma de una orden ejecutiva mediante la cual, entre otras cosas, prohíbe a todas las agencias de Florida bajo el ámbito del gobernador que «faciliten la inmigración ilegal» a este estado, además de pedirles la recopilación de información «sobre el alcance y los costos de la inmigración ilegal».

Precisó que Keefe será el encargado de supervisar los alcances de la orden, así como todo lo relacionado con la inmigración en este estado.

«Como exfiscal federal, vi a extranjeros ilegales que eran deportados y regresaban, y luego eran deportados y regresaban, en un ciclo interminable», señaló hoy el flamante zar.