Si renuncian antes del 6 de febrero según informó este martes la Oficina de Administración de Personal

WASHINGTON — La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá indemnizaciones a los dos millones de trabajadores federales si renuncian antes del 6 de febrero, según informó a EFE este martes la Oficina de Administración de Personal (OPM).

Un alto funcionario del Gobierno dijo a la cadena NBC News que esperan que entre el 5 % y el 10 % de la fuerza laboral federal de EE.UU. renuncie, lo que, según estiman, podría generar alrededor de 100.000 millones de dólares en ahorros.

Quienes acepten esta «dimisión diferida» podrán acceder a un paquete de indemnización de aproximadamente ocho meses de salario y beneficios.

De acuerdo con la OPM, los trabajadores recibirán detalles sobre esta opción más tarde este martes y la oferta se aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los componentes del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.

Sindicatos dicen que será un «caos»

El sindicato de empleados federales más grande, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), dijo hoy en un comunicado que estas indemnizaciones tendrán consecuencias no deseadas que causarán caos para los estadounidenses.

«La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora hay más estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales. Purgar al gobierno federal de funcionarios públicos de carrera dedicados tendrá consecuencias enormes e imprevistas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal que funcione», anotó el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.

En su primer día como mandatario, Trump firmó órdenes ejecutivas que exigen el regreso a tiempo completo al trabajo presencial -al menos cuatro días a la semana- para los empleados del gobierno y que congelan la contratación de trabajadores federales.

Así como una orden que desmantela algunas de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión del expresidente Joe Biden dentro del gobierno federal.