El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía.

SAN SALVADOR — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió la tarde de este miércoles la cárcel salvadoreña de máxima seguridad donde se encuentran detenidos más de 200 migrantes venezolanos, expulsados en un vuelo por las autoridades estadounidenses tras acusarlos de pertenecer a la banda de crimen transnacional Tren de Aragua.

Noem, que había llegado poco antes a El Salvador en una visita oficial, recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que el Gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa bajo un régimen de excepción.

En el Cecot, ubicado en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, la funcionaria fue recibida por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro.

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Acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad, según se observa en fotografías compartidas por la presidencia, Noem comenzó su recorrido en el área de admisión de los internos donde pasan por un escáner.

Luego se dirigió al área de almacén y armería y posteriormente se trasladó a la celda 8, donde estaban detenidos algunos de los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, originaria de Venezuela.

Además, la secretaria de Seguridad de EE.UU. estuvo cara a cara con algunos líderes de pandillas salvadoreñas que están recluidos en el Cecot.

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El ministro de Seguridad señaló a Noem uno de los reclusos, destacando un tatuaje que tenía en forma de estrella, que, según dijo, es una marca indicativa de pertenecer al Tren de Aragua.

La megacárcel, una «herramienta» de EE.UU. contra los criminales

A través de un vídeo colgado en sus redes sociales, en el que habla frente a una celda repleta de reclusos tatuados, la secretaria de Seguridad agradeció a El Salvador y a su presidente por «su asociación con los Estados Unidos» para traer a terroristas y encarcelarlos, mostrándoles así las consecuencias «por la violencia que han perpetuado en Estados Unidos» y en las comunidades.

«También quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar», dijo Noam en la declaración compartida en X.

E insistió en que si alguien llega a Estados Unidos «ilegalmente», «será expulsado y será procesado».

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«Sepa que esta instalación (el Cecot) es una de las herramientas de nuestro kit de herramientas que utilizaremos si comete delitos contra el pueblo estadounidense», concluyó.

Luego de su visita a esta cárcel, la funcionaria se reunirá en privado con el presidente Bukele en vistas de incrementar las expulsiones de migrantes y su encarcelamiento en este país, entre otros asuntos.

Esta es la segunda visita de un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump para encontrarse con Bukele; el primero fue el secretario de Estado, Marco Rubio, a inicios de febrero pasado.

En dicha visita, el presidente salvadoreño ofreció las cárceles salvadoreñas inicialmente para encarcelar a criminales condenados y no se manejó su uso para migrantes irregulares.

El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Trump envió a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, a pesar de una orden judicial que se lo prohibía y fueron enviados a esta cárcel de máxima seguridad, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

Sin embargo, reportes de medios estadounidenses apuntan a que al menos 101 fueron detenidos en procesos migratorios.

«Las deportaciones de Tren de Aragua al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador enviaron al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para criminales violentos», publicó antes del viaje Noem en X.

Hasta el momento, el Gobierno salvadoreño no ha explicado bajo qué normativa ha encarcelado en el Cecot a estas personas, dado que la Asamblea Legislativa salvadoreña no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita y no poseen órdenes de captura o procesos penales en el país centroamericano.