Se revelaron contrataciones a profesionales sin licencia, entre otras cosas.

La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) informó hoy que emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Luquillo durante el período del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

Según señala la OCPR en declaraciones escritas, el informe en cuestión revela que el municipio contrató por $98,580 a una compañía para servicios de diseño de planos, supervisión y evaluación técnica de proyectos de construcción, cuyo presidente y agente residente no tenía la licencia requerida como arquitecto.

Además, para el período evaluado, el municipio contrató por $113,675 a un ingeniero en entrenamiento, sin la licencia requerida para realizar servicios de inspección y asesoría en proyectos de construcción.

Estas situaciones, contrarias a las leyes y a la reglamentación vigente, se refirieron el 28 de octubre de 2019 a la entonces secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, a la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, para que tomaran las acciones correspondientes.

A la fecha de este informe, según reza el documento de Contraloría, las situaciones estaban pendientes de ser investigadas.

La auditoría de cuatro hallazgos también señala que el municipio registró obligaciones presupuestarias para 16 facturas por $1,011,950, hasta cinco meses después de que la compañía facturara los servicios. Dice la OCPR que el reglamento para la Administración Municipal de 2016 dispone que se deben obligar las asignaciones antes de efectuar las compras, y el director de Finanzas debe certificar la disponibilidad de fondos. Esta situación dificulta mantener un control efectivo y puede propiciar sobregiros en las partidas presupuestarias.

Además, se informa que, contrario a las leyes y a la reglamentación vigente, el municipio registró en la Oficina del Contralor, 371 contratos y 186 enmiendas por $4,597,693 con tardanzas de hasta un año. Esta situación impidió que los contratos estuvieran accesibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido.

También se informa que los auditores hallaron que el alcalde no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal el acuerdo de transacción por $103,125, correspondiente a una demanda civil por despido injustificado a cinco empleados transitorios.

La Ley 81-1991 de Municipios Autónomos dispone, que en transacciones judiciales mayores a $25,000 el alcalde debe obtener el consentimiento de la Legislatura.

Asimismo, en el documento emitido por la OCPR revela que la auditoría mostró que, al 30 de junio de 2018, el municipio tenía 12 demandas civiles pendientes de resolución por un total de $3,036,034.

Adicional a eso, cinco casos de empleados estaban pendientes de resolución en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Mira el informe aquí: