La Legislatura Municipal no tuvo ante su consideración los acuerdos específicos que estaba negociando el Ayuntamiento para transar el pleito relacionado al allanamiento en el bar Betsy, que envolvió a la figura del alcalde saliente, Jorge Santini. El pleito surge tras una demanda presentada por el teniente, Jose Martínez Massanet, y el comandante, Guillermo Calixto, quienes alegaron que Santini los difamó al decir que el operativo era producto de una fabricación política, y que por presiones del Alcalde, el ex superintendente Jose Figueroa Sancha, los había trasladado.

Aunque el licenciado Nelson Meléndez, apuntó que 'todos los legisladores tuvieron la oportunidad de examinar el acuerdo y hacer preguntas a los abogados', pese a que el acuerdo era de índole confidencial.

De otro lado, el legislador popular Ángel Noel Rivera, índicó que 'en conjunto al licenciado (Marcos) Rigau, comparecimos a la vista y examinamos el documento. El documento de trato confidencial no dice nada. Dice que las partes no van hablar sobre el contenido de las negociaciones. Y cualquier persona que lo viole puede estar sujeto a una penalidad de $10 mil'.

Meléndez insistió que 'las actas no son confidenciales, sino el documento de transacción, pero estuvo disponible para la revisión de los legisladores'.

El acuerdo, según Meléndez, es un pago de $75 mil, y planteó que no es la primera vez que se hacen acuerdos confidenciales. Pese a esto, NotiCel tuvo conocimiento que eran $85 mil para cada demandante.

De hecho, Elba Vallés, presidenta de la legislatura municipal, reconoció que son 'muchos' los casos que se transgreden.

Tanto Mayte Oronóz como César Miranda, y Rivera, representantes de la nueva administración, cuestionaron insistentemente cuál era el interés público protegido para llegar a ese acuerdo, y que el mismo permaneciera confidencial.

En ese sentido, Oronóz argumentó que 'siendo un caso que envuelve a una entidad pública, al ser confidencial, la ciudadanía desconoce a que se está atando el Municipio'. Esto nunca pudo ser contestado por la actual legislatura municipal.

Solo Meléndez se limitó a decir que siempre había el espacio para acudir a los tribunales a impugnar dicho acuerdo, si la nueva administración no esta de acuerdo.