El aumento tarifario para los abonados de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) es prácticamente una certeza, aunque la administración entrante intentó explorar alternativas para mitigar ese aumento en el área operacional y en los contratos de asesoría.

Un aumento de 3.1 centavos esta en agenda tan pronto culminen las negociaciones entre la corporación pública y sus acreedores, proceso que podría tardar entre unos 6 y 12 meses más, según el director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana.

‘Ese cargo entraría en vigor unos tres meses después que complete la transacción para vender los bonos de titularización. Entiéndase, si completamos en el verano, pues entraría tres meses después’, explicó Quintana durante las vistas de transición. El aumento de 3.1 responde al pago de los bonos de la AEE que se traspasarían a la Corporación para la Revitalización de la AEE, entidad creada en virtud de la Ley de Revitalización de la AEE.

Por otra parte, Quintana afirmó que también procuran convertir permanente el aumento temporero de 1.3 centavos que la Comisión de Energía (CEPR) aprobó durante el verano de este año y que entró en vigor en agosto. Esa cantidad iría destinada a mejoras de infraestructura para la AEE.

El aumento anticipado totalizaría unos 4.4 centavos, lo que para la administración entrante supone un gran inconveniente para fomentar la competitividad industrial de la Isla. El ingeniero Manuel Laboy, del comité entrante, advirtió que esta carga retrasaría el desarrollo económico por lo que cuestionó a Quintana si en efecto tomó todas las medidas posibles para amortizar el aumento tarifario mediante recortes adicionales a la operación de la AEE.

‘Hemos hecho todo lo posible y hay oportunidades adicionales que seguimos trabajando’, declaró el director, aunque a preguntas del secretario de Estado, Víctor Suárez, indicó que se podría reducir el aumento aún más por vía de la reestructuración y de reformas operacionales adicionales.

Aunque Quintana también hizo referencia a los municipios como otra fuente de ahorros, para Laboy aún existe la posibilidad de evitar el aumento tarifario. ‘La pregunta es porque no se explotaron esas oportunidades. Lo que nos da a entender a nosotros es que sí, en esencia existe una posibilidad real de que se pueda seguir ahorrando dentro la Autoridad y no tener que pasarle eso 4.4 centavos a Puerto Rico’, sentenció el también designado secretario de Desarrollo Económico de la administración entrante.

Indignación por gastos reembolsables de Lisa Donahue

A pesar que la administración saliente ha sido enfática en la necesidad de continuar con el millonario contrato otorgado a la principal oficial de reestructuración, Lisa Donahue, y su firma Alix Partners, el comité entrante objetó un millón de dólares que desembolsó la AEE en gastos reembolsables.

Según el licenciado Alfonso Orona, del comité entrante, a esta cantidad se añade una serie de gastos reembolsados a asesores de los acreedores por parte de la AEE, el cual alegó es de cerca de $80 millones. ‘Yo esperaría que independientemente de las bondades o los defectos del contrato que si yo estoy pagando $40 millones de dólares en servicios de consultoría, lo menos que pueden hacer los consultores es pagarse su comida y pagarse sus gastos de hotel. Yo creo que el momento y la crisis determina que nosotros tenemos que hacer gastos eficientes’, sentenció Orona.

Agregó que no descarta que la próxima administración haga una evaluación a los contratos otorgados tanto a Alix Partners como otras firmas de asesoría en aras de reducir este tipo de gasto.

Hasta hoy, la AEE ha desembolsado $41.79 millones en el contrato de Alix Partners y sus enmiendas. Tienen unos 15 empleados a tiempo completo que laboran desde la sede de la corporación pública en San Juan y según aseguró Quintana, el contrato no contempla un success fee (pago por éxito) de completar el trámite de negociación con las acreedores para reestructurar la deuda de la maltrecha corporación pública.