Alegan su unión con DSP ha causado más burocracia

Los representantes Javier Aponte Dalmau, Jesús Manuel Ortiz y Jose Aníbal Díaz Collazo presentaron el domingo, el Proyecto de la Cámara 1642 que propone reestructurar el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

‘Aun cuando había un Plan Estatal de Manejo de Emergencias, el mismo no se siguió, y todavía al día de hoy, continuamos siendo testigos de cómo la improvisación solo provoca problemas y desgracias. Aquí la falta de comunicación interagencial y con los municipios fue crucial para que el Gobierno no pudiera manejar la situación del huracán María antes y despues de su impacto. Y definitivamente, esto tiene que haber servido de lección para enmendar los errores cometidos, comenzando con que es urgente establecer la Interoperabilidad de los sistemas de comunicación lo que redundará en salvar la vida y propiedad de nuestros ciudadanos’, expresó Aponte Dalmau.

La medida propone que el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, así como el Departamento de Seguridad Pública, establezcan sus planes de trabajo y, en especial todo lo que se relacione con el manejo de una emergencia o desastre y la coordinación del mismo, bajo los parámetros establecidos en el Sistema Nacional para el Manejo de Incidentes (National Incident Management System o NIMS, por sus siglas en ingles) creado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles).

Según los legisladores, el NIMS provee un marco de referencia y enfoque común que permitirá que el gobierno, en todos sus niveles, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro puedan trabajar juntos en la prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de los efectos de una emergencia o desastre, independientemente de la causa, tamaño, lugar o complejidad del incidente.

El Proyecto de la Cámara 1642 enmendaría la Ley 20-2017, mejor conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), dirigido por Hector Pesquera.

Por su parte Ortiz González manifestó que ‘el Departamento de Seguridad Publica ha sido un problema desde su creación. La capa adicional de burocracia sobre las agencias de seguridad impide un manejo efectivo de una emergencia, como ya vimos a partir del paso del Huracán María. A esa realidad hay que añadir el manejo errático, insensible e inefectivo del Secretario de Seguridad Pública, Hector Pesquera. Esta peligrosa situación no puede repetirse. Tenemos que asegurarnos de que la Administración de una futura emergencia estará a cargo de personas con el peritaje que se requiere. Es por esto que, a traves de esta medida, y en cumplimiento con la Guía Nacional de Respuesta de los Estados Unidos, aclaramos el ámbito de control del Secretario para que aunque la supervisión de todos los negociados recae sobre su figura, serán los Comisionados de cada Negociado los administradores de la gestión diaria de los mismos. Existe una diferencia entre supervisar y administrar la operación diaria y ejecución de una agencia de respuesta en caso de emergencia, más aún cuando son los Comisionados los que poseen el conocimiento especializado, adiestramiento y experiencia necesaria para una ejecución efectiva’.

El proyecto impone además la obligación de crear y utilizar un Sistema de Comando de Incidentes o Incident Command System (ICS), cuya implantación es obligatoria para todos los niveles de Gobierno, conforme lo establece el NIMS. El objetivo del ICS es que la operación de respuesta integre una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y sistemas de comunicación lo cual permita que dicha respuesta realmente sea efectiva y eficiente. De igual forma el ICS permite la intervención de manera organizada de la ayuda de otras jurisdicciones, entidades sin fines de lucro, al igual que de la Rama Legislativa y la Rama Judicial, dentro de una estructura organizaciones común y estandarizada.

Según la medida, es importante destacar que para el cumplimiento del propósito de esta Ley se limitará el tiempo de vigencia de las Órdenes Ejecutivas puestas en vigor en declaraciones de emergencias. ‘Más que en cualquier otra situación, en una emergencia catastrófica el poder no puede recaer sólo en una rama de gobierno, porque entonces surgen contratos como los de Whitefish’, concluyó Aponte Dalmau.