Tras la estocada final del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares al acceso a la información, varias organizaciones periodísticas se unieron en reclamo para solicitar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que deje sin efecto las leyes 122 y 141.

El dúo de medidas se refiere al proyecto de la Cámara 1095 o Ley de Transparencia y el del Senado 236 de Datos Abiertos, que limitan y obstruyen el derecho constitucional a la información pública e incumplen con nueve de los 10 estándares y principios internacionales de transparencia y acceso a la información.

Una carta de dos páginas remitida a Vázquez Garced por los gremios solicita no solo que someta proyectos para derogar o enmedar las referidas leyes, sino que también pide una reunión 'a la brevedad posible' para abrir un diálogo productivo que permita establecer las bases para una 'verdadera política pública de transparencia'.

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'Instruya a los jefes de agencia a abstenerse de aplicar las disposiciones de las leyes 122 y 141 que puedan limitar, anular, entorpecer, contravertir u obviar el derecho constitucional de acceso a la información pública, la presunción de que toda información en poder del Gobierno es pública y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto', solicitan.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), elOverseas Press Club (OPC), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR), el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra) firman la misiva enviada a la Gobernadora.

Al momento, Vázquez Garced no se ha expresado sobre el asunto. Sin embargo, previo a que juramentara a su cargo, Pedro Pierluisi Urritia había anunciado que evaluarías las referidas leyes. No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló la juramentación a la gobernación del también excomisionado residente, dando paso así a Vázquez Garced.