Dijeron que solo levantaron bandera ante la falta de un plan para evitar contagio, y que, de tomar medidas, podrían tener empleados disponibles para operar.

Ante el reclamo que hicieran varios sectores, como la Federación de Alcaldes e incluso la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, para abrir los comedores escolares durante la emergencia por coronavirus, la presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala, dijo el lunes que la decisión de mantener cerrados los comedores escolares es del Gobierno y no de los empleados, como se ha inferido.

“Nosotros solo levantamos una bandera, en términos de seguridad, ya que la mayoría de los empleados son personas mayores de 50 años, algunos con su salud comprometida”, explicó la líder sindical en comunicación escrita.

Ayala dijo que envió una carta a la Gobernadora, a tales efectos, luego de que la Junta de Control Fiscal hiciera la petición de abrir los comedores.

Ayala recalcó que la decisión de no abrir los comedores fue del Gobierno y que no es un capricho de los empleados. Recordó que es la Orden Ejecutiva la que no contempla el servicio de comedores escolares como uno esencial por el riesgo de contagio que representa, tanto para los empleados como para los niños, como ha ocurrido en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Consideró como vicioso e irresponsable el ataque por parte de algunos sectores a la Asociación y volvió a reiterar que ellos, como organización, no toman las decisiones.

“Algunos de nuestros empleados pudieran están disponibles, lo que yo planteo es que se deben tomar medidas estrictas de seguridad con ese personal. Nosotros tenemos un plan con algunas sugerencias que estamos dispuestos a discutir con el Departamento de Educación”, añadió.

“Me entristece y molesta que digan que los empleados de comedores no quieren trabajar y que se le está pagando mientras están en sus casas cuando no es cierto, pero se olvidan que para los pasados huracanes y terremotos cuando gran parte de los empleados estaban en sus casas cobrando los empleados de comedores estaban brindando alimentos a los refugiados y de eso parece que nadie se acuerda. Siempre hemos estado presente para todas las emergencias, pero esta ocasión nos quieren poner en riesgo y no veo que hablen cuales son las garantías para evitar un contagio”, expresó

Ayala manifestó que entre las sugerencias está el que se convoque a aquellos empleados que no tengan su salud comprometida, que se le haga la prueba de detección del Covid-19 a todos los que se presenten a trabajar y que el Departamento (DE) provea, con otro personal, un protocolo de distribución de los alimentos luego de confeccionados. También expresó que entiende que no es necesario abrir todos los comedores escolares que hay en la Isla y que se debe crear un registro de solicitud de los servicios de alimentos por municipios mediante número de teléfono y enlace por internet para saber a quiénes y cuántas raciones se tendrán que confeccionar.

“Los empleados de comedores escolares siempre han dicho presente en todas las emergencias y lo han demostrado, pero en esta ocasión hay un problema serio de seguridad personal que hay que tener en cuenta. No solo por los empleados sino también por los niños que consumirán esos alimentos”, concluyó.

Ayer, la Federación de Alcaldes expresó que creen «firmemente» en la apertura de comedores escolares para paliar la crisis alimentaria que puede estar gestándose tras la pandemia y las disposiciones que establecen un toque de queda.

«Escuchando algunos planteamientos parece que en la isla muchos ignoran que existe una niñez en niveles de pobreza altos y en necesidad. Ignorarlo es desconocer una realidad que se vive aquí. Puerto Rico es más que el área metropolitana. Pensamos también en nuestros campos y su gente. Vamos a abrir los comedores, los alcaldes, como siempre estamos para apoyar al gobierno central», dijo el alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, en declaraciones escritas del colectivo.

Asimismo, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González criticó la decisión de mantener los comedores cerrados, puesto que esto iría contra lo establecido a nivel federal bajo el la Ley Cares.

«Me toca personalmente, porque más de la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza, lo que significa que ese desayuno y ese almuerzo, en la mayoría de los casos, es el único alimento que reciben los menores», expresó.