Entre las peores del mundo leyes de “transparencia” de Rosselló, según ranking internacional
Así concluyó un estudio del Centre for Law and Democracy (CLD) encomendado por la Red de Transparencia de Puerto Rico.
Las leyes sobre acceso a la información que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó un día antes de dejar el cargo, por encima de la objeción de organizaciones defensoras de la transparencia gubernamental, están entre los peores estatutos de ese tipo a nivel internacional, concluyó hoy el Centre for Law and Democracy (CLD).
El CLD aplicó sus criterios de evaluación a la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”(Ley 141) y a la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico” (Ley 122) a petición de la Red de Transparencia, un colectivo de organizaciones e individuos que promueven el libre flujo de información y la transparencia en Puerto Rico.
“Lo llamamos derecho a la información porque ha sido reconocido internacionalmente como un derecho humano”, puntualizó Toby Mendel, director ejecutivo del CLD.
El CLD mide las leyes de acceso a a información alrededor del mundo con un esquema de 61 criterios que resulta en que cada ley tenga un lugar en su "ranking" mundial de RTI (“right to information”). La evaluación toma en cuenta el texto de las leyes y no su aplicación. Aunque su ranking oficial solo lo ocupan países soberanos, la evaluación de las leyes de Puerto Rico concluyó que, de ser incluida en el ranking, la Isla ocuparía la posición 87 de los 128 países. Puerto Rico estaría ubicado entre Nigeria y China en el ranking cuyos primeros lugares lo ocupan Afganistán, México y Serbia. Los Estados Unidos ocupan el lugar 72.
“(El derecho a la información) es más importante que nunca durante el COVID. Tenemos a nuestros gobiernos gastando cantidades sin precedentes de dinero, llegando muy rápidamente a decisiones públicas increíblemente importantes sobre ese gasto, sobre quién va a obtener beneficios, cuáles son los beneficios, si van a comercios o a la gente, o a qué personas y así por el estilo. Y también sobre cómo responder a la enfermedad propiamente, sobre si vamos a encierro, por cuánto tiempo vamos a estar encerrados, quién va a estar encerrado”, indicó Mendel desde Canadá en una conferencia virtual para presentar la evaluación de Puerto Rico.
“Tenemos más decisiones importantes tomándose ahora de lo que es el caso jamás en cualquier tiempo normal y, aún así, los cuerpos fiscalizadores regulares, incluyendo el periodismo, pero también los parlamentos, los tribunales y los cuerpos regulatorios, todos ellos están debilitados en su capacidad para operar. Así que en esa situación, grandes decisiones que se están haciendo, rendición de cuentas que se está debilitando, el derecho a la información como mecanismo de rendición de cuentas es súper, súper importante”, argumentó al subrayar que, en muchos países, incluyendo Puerto Rico, está ocurriendo lo opuesto porque el acceso a la información gubernamental se ha limitado.
Según el estudio que presentó hoy Mendel, al aplicarles los 61 criterios, las leyes de Puerto Rico obtienen una puntuación de 73 del máximo posible de 150 en el RTI Rating del CLD. “Puerto Rico necesita reglas más fuertes para garantizar el derecho a la información si es que realmente aspira a implementar adecuadamente este derecho garantizado por vía constitucional”, expresó Mendel. “Sus leyes actuales son mucho más débiles que la mayoría de las leyes nacionales adoptadas en las Américas”, puntualizó el director del CLD.
Entre las debilidades clave de las leyes de Puerto Rico de acceso a la información figuran:
- Vacíos importantes en los procedimientos para hacer solicitudes de información y para responderlos
- El régimen de excepciones es demasiado amplio, por lo que solo recibió 23% de los puntos asignados a este renglón en el RTI Rating. En Puerto Rico, se reconocen categorías de documentos que pueden ser confidenciales, pero Mendel indicó que lo que se recomienda es que se establezcan los intereses sociales que se quieren proteger en vez de categorías de documentos y que los reclamos de confidencialidad bajo esos intereses se sometan a un examen de tres partes para entonces determinar si el documento permanece confidencial.
- No hay un foro administrativo independiente para hacer apelaciones. El experto señaló que estos foros deben ser compuestos por miembros independientes del gobierno y que en el resto del mundo han tenido el resultado de hacer las solicitudes más fáciles para los ciudadanos porque no se va al tribunal a litigar el acceso sino a estos foros que normalmente no requieren que el ciudadano tenga representación legal.
- El sistema de protecciones y sanciones es muy limitado, no hay suficientes garras para combatir cuando los funcionarios violan la ley e incumplen en la entrega de documentos. Mendel relató que lo más efectivo serían sanciones administrativas y no penales. En India, dijo, ha resultado efectivo un esquema de sanciones monetarias contra el funcionario que, aunque pequeñas, se multiplican cada día en que el documento no sea entregado.
- Tienen pocas medidas de divulgación para apoyar una buena implementación. En este sentido, Mendel observó que los mismos cuerpos apelativos independientes que se han nombrado en otros países han resultado ser muy “entusiastas y profesionales” en promover también las leyes de acceso.
“Quisimos que una entidad independiente de reputación internacional como el RTI Rating analizara las leyes de acceso a la información aprobadas hace menos de un año y, en efecto, el estudio confirma lo que organizaciones locales han señalado. Que ambas leyes tienen unas deficiencias, que lejos de aportar a garantizar el derecho constitucional de acceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico, lo limita“, puntualizó Issel Masses, portavoz de la Red de Transparencia y fundadora de Sembrando Sentido que, junto con Espacios Abiertos y el Centro de Periodismo Investigativo fueron los miembros de la Red que trabajaron la evaluación de las leyes por parte del CLD.
Ante la coyuntura actual que vive Puerto Rico, los resultados y recomendaciones de este estudio se presentan precisamente cuando mundialmente se celebra la Semana del Gobierno Abierto para contribuir a forjar una cultura de transparencia en Puerto Rico. “Un gobierno abierto en Puerto Rico, es posible”, acotó Masses, mientras exhortó a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa a aprovechar la última sesión legislativa que está corriente para corregir las deficiencias antes de que cierre la presente sesión, las limitaciones de acceso a la información creadas por ambas leyes aprobadas hace menos de un año.
Para ver un resumen ejecutivo de la evaluación del CLD sobre las leyes de Puerto Rico, pulse aquí.
Para ver el estudio completo del CLD sobre las leyes de Puerto Rico, pulse aquí.