El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública sostiene que estas escuelas no son fiscalizadas y que el dinero gastado implica un cuestionable uso de fondos públicos.

Las organizaciones del Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública reclamaron a la Legislatura acción para que se declare una moratoria contra el establecimiento o expansión de escuelas chárter en Puerto Rico que privatizan fondos del gobierno que, según la organizaci[on, deberían estar destinados a fortalecer las escuelas públicas del país.

“Vemos cómo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes se afecta al tener planteles en condiciones deplorables, las reparaciones necesarias por terremotos y huracanes no se acaban de hacer, ante el cambio climático y la ola de calor que nuevamente se avecina el DE ni siquiera ha logrado hacer el estudio de capacidad energética que se propusieron y mucho menos atender la situación, entre tantas necesidades adicionales que padecen nuestras comunidades escolares. Mientras esas necesidades no se llenan, en el 2023 a las escuelas chárter, que son instituciones privadas, les asignaron un presupuesto de $40 millones en fondos públicos que deberían estar asignados a nuestras escuelas públicas”, indicaron.

“Exigimos que se apruebe ya la moratoria para que se detenga el establecimiento y la expansión de las llamadas Escuelas Alianza, en realidad escuelas “chárter” privadas. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, muchas escuelas chárter han tenido un cuestionable historial de malversación de fondos, fraude y negligencia, otra de las razones por las que no deberían estar recibiendo esos fondos”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros.

En la declaración escrita no se ofrecen ejemplo de supuesta malversación de fondos de escuelas chárter en la isla.

Martínez y portavoces del Junte entregaron hoy a los legisladores una carta en la que se apoya la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 424 que se radicó el 26 de mayo de 2023 para “declarar una moratoria de cinco años, durante la cual se prohíbe al Departamento de Educación Pública aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza y para otros fines relacionados”.

En la carta se argumenta que, a través del modelo de Escuelas Alianza, las entidades etiquetadas como «sin fines de lucro» tienen la oportunidad de beneficiarse de los fondos públicos, privatizando los bienes públicos y aumentando, según el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación, posibles actos de malversación de fondos y corrupción dentro de la agencia. El 30 de mayo de 2023 la medida del RC del S 424 fue referida a la Comisión de Educación del Senado, luego el 1 de septiembre se sometió un Informe Positivo recomendando su aprobación y al presente la resolución se encuentra en la Comisión de Reglas y Calendario presidida por el Senador Javier Aponte Dalmau, quien se comprometió a calendarizar para su votación en el hemiciclo pero esto aún no ha sucedido.

Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de padres y estudiantes de educación especial, planteó la urgencia de aprobar esa RC del S 424 porque las escuelas chárter, según ella, discriminan contra el estudiantado con diversidad funcional.

“La ley 85 del 2018 establece que el Departamento de Educación es responsable de atender las necesidades únicas de cada estudiante, incluyendo a los participantes del programa de educación especial. Las escuelas chárter de ninguna manera atienden las necesidades de los estudiantes de nuestra población”, indicó Warren.

Warren explicó que hay 13 categorías de educación especial, que incluyen problemas de aprendizaje, problemas atencionales, ADD, hiperactividad oposicional desafiante, autismo, entre otras y algunas de esas condiciones son físicamente más evidentes que otras. “En las escuelas chárter los estudiantes de educación especial que tienen condiciones más obvias los discriminan y no los matriculan. A otros los aceptan, pero en realidad no tienen el personal adecuado para cubrir sus necesidades y lograr un proceso académico satisfactorio. Esos fondos se deben asignar a las escuelas públicas, que tienen mejores recursos, psicólogos y consejeros, para brindarles los servicios a los estudiantes de educación especial”, expresó Warren.

Este año académico en curso 2023-24, otro escándalo mostró las deficiencias del proceso de aprobación de escuelas chárter en el DEPR. La autorización de dos escuelas chárter de la corporación Paradiso College Preparatory Real Estate Two, inc. una en San Juan y otra en Arecibo fue el eje de la controversia. Una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó el cierre de la escuela chárter en dicho municipio, por no contar con permiso de uso.

Hace unos días, otra investigación del CPI reveló que en el año fiscal 2023 las 12 escuelas chárter en Puerto Rico recibieron un presupuesto que superó los $40 millones de fondos públicos pero el uso de estos no ha sido fiscalizado. Según la investigación del CPI, la escuela chárter LEAP Steam + E Academy recibió entre 2021 y 2024 un total de $9,324,761.2. Sin embargo, su fundadora indicó que no ha habido evaluaciones por parte de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), solo una visita informal de monitoría.

Martínez destacó que esa investigación del CPI concluye que, aunque el DE tiene la responsabilidad de fiscalizar el buen uso de los fondos aprobados para las 12 escuelas chárter que operan en Puerto Rico, no cuenta con informes ni estadísticas sobre su desempeño. La OEPA tiene la obligación de rendir un informe anual sobre la calidad educativa de cada una de las escuelas chárter, pero tal documentación no está disponible. La investigación del CPI incluso revela que la agencia no tiene informes periódicos ni herramientas eficaces que corroboren la ejecución de cada escuela.